El caso ERE: 741 millones de euros son insignificantes para Griñán

Puede resultar anómalo que José Antonio Griñán, todo un expresidente de la Junta de Andalucía, exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta, exministro de Trabajo y Seguridad Social y exconsejero y exministro de Sanidad y Consumo, además de exconsejero de Salud de la Junta, que también ha sido secretario general del PSOE andaluz y presidente nacional del PSOE, declarara durante esta semana no conocer nada del llamado fondo de reptiles.

Pero no era algo baladí porque en él se manejaron casi 741 millones de euros –125.000 millones de pesetas–, alrededor del 2,5 por ciento del total del presupuesto anual medio de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

Además de esbozar una teoría sobre lo que importa o no en un presupuesto, dijo que tal fondo, esto es, la partida 31L es una parte "insignificante" de los presupuestos de la Consejería de Empleo, resaltando en las cuentas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por tanto, nunca habló con exconsejero Antonio Fernández de esos dineros. Es más, dijo que se gastaba menos de lo que se presupuestaba lo que indica que debió conocerlo.

Mas curiosa es aún su declaración porque él mismo declaró a los medios de comunicación tras declarar en el Tribunal Supremo que no había un gran caso ERE pero que sí había habido un "gran fraude" mientras fue consejero de Hacienda de la Junta. No ha explicado aún desde cuándo supo que hubo un gran fraude. Griñán, como es ya norma en los procesados sólo respondió a las preguntas de la Fiscalía, a las de su defensa y a las del tribunal.

La deducción inmediata de su argumento central es que si hubo un gran fraude y él nunca supo de su existencia, tuvieron que ser los escalones inferiores del gobierno de Manuel Chaves y del suyo propio los que tuvieron que ser autores, instigadores o responsables de la bribonada malversadora, desde el Interventor General al último viceconsejero o director general. Recuérdese que, al contrario, su antecesor y examigo, Manuel Chaves, ha negado siempre la existencia de tal fraude. Tal diferencia de criterios es altamente llamativa.

Se esperaba que Griñán, como todos los demás alto cargos procesados de la Junta, se refiriera a las dos órdenes ministeriales que se emitieron bajo su autoridad como ministro de Trabajo en 1994 y 1995. Y lo hizo, a pesar de que durante la instrucción general del caso desde 2010, nadie nunca aludió a ellas porque reconocieron ante la juez Alaya que no hubo control alguno.

Eran órdenes de ámbito nacional para la concesión de ayudas sociolaborales extraordinarias y de jubilación que cada Comunidad podía adaptar a su ordenamiento, pero en Andalucía tales órdenes no fueron tenidas en cuenta en ningún momento ni siquiera mencionadas hasta que las recordó Soledad Córdova, imputada en el caso, que fue su directora general de Trabajo y siguió en su puesto cuando Javier Arenas llegó al Ministerio.

Griñán se apoyó en la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía para argüir la limpieza del procedimiento utilizado en la partida 31L y en las ya famosas transferencias de financiación. Pero no aludió al porqué hasta que estalló el caso ERE en 2011 la Cámara de Cuentas nunca fiscalizó tal partida por orden de la Junta.

Sabedor de que la acusación de malversación que pesa sobre él tiene como consecuencia seis años de cárcel de prosperar en el juicio, se ratificó en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo y resaltó que, según el instructor Alberto Jorge Barreiro, "no había malversación" en la causa investigada.

No dijo que Barreiro concluyó que había indicios de que Chaves y Griñán mantuvieron un "sistema ilegal" con el que disponían sin apenas control de cantidades millonarias para ayudas sociolaborales y que por ello era necesario el proceso judicial y el juicio.

Tampoco se refirió a que el propio Barreiro, recuerda El Mundo, calificó de "absurdas" las tesis exculpatorias esgrimidas por los ex presidentes de que sus subordinados no les mantenían al tanto del sistema. Esto es, que había un espeso muro de silencio entre el presidente de la Junta, sus consejeros y de ahí para abajo.

Tampoco ha aclarado hasta ahora cómo es nunca se tomó decisión alguna para atajar el gran fraude si el Interventor General había remitido 15 advertencias sobre las irregularidades ni ha aclarado por qué el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, asimismo imputado en el caso, remitió un escrito al presidente del Parlamento andaluz en noviembre de 2012 en el que calificada al caso ERE como el "caso de corrupción más importante de la historia de España" y culpó precisamente a Griñán de "cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria" de donde salía el dinero.

Tampoco puede explicar por qué no se atendió un informe adicional de 2005 al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio de 2003 de la Intervención en el que se dijo textualmente que el Gobierno andaluz estaba "prescindiendo de manera total y absoluta" del procedimiento establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad autónoma para la concesión de subvenciones. Eso quiere decir que desde 2005 la excusa de la ignorancia o de que no le llegaban los informes, es un argumento imposible.

El expresidente Griñán ha venido a considerar que la tesis de la Fiscalía de que se diseñó y mantuvo un procedimiento específico para para repartir sin control y de forma arbitraria más de 741 millones de euros en ayudas durante una década, entre 2000 y 2010, de ser cierta, no le ha concernido.

Es más, siendo un altísimo dirigente político del PSOE andaluz y nacional, no se percató inverosímilmente, de la red clientelar que se contribuyó a generar y que servía de sostén electoral al PSOE.

La semana que viene, semana de Feria en Sevilla, continuará la declaración de los expresidentes Griñán y Chaves, donde este último deberá explicar cómo es que el primero ve un gran fraude donde él no ve nada.