Agentes de la Guardia Civil registran la sede del Diplocat, el "Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña" en busca de documentación relativa a los pagos realizados por la Generalidad a los observadores internacionales del referéndum 1-O. La operación ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la trama golpista a raíz de que el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal se jactara de que la administración autonómica disponía de datos fiscales y personales de los catalanes obtenidos de manera ilegal.
El propósito sería recabar información y material del Diplocat relacionado con los gastos de propaganda para el referéndum y con los de la contratación, estancia y agasajos en Cataluña de los observadores internacionales de la Generalidad. Un informe de la Guardia Civil estima en 119.700 euros el coste relativo a los observadores que habría sido pagado con fondos públicos.
El sumario de Ramírez Sunyer es el que afecta a los diputados de ERC Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, en cuya libreta levantaba acta de las reuniones para preparar el referéndum ilegal, entre otros. En los últimos días, han sido interrogados varios altos cargos de la Generalidad relacionados con los sistemas de comunicaciones de la administración catalana.
El Diplocat, consorcio de la Generalidad, fue desmantelado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y su cierre efectivo y definitivo estaba previsto para mañana.