La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría presume de los 240 altos cargos cesados en la administración catalana a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero lo cierto es que el control de la Generalidad sigue en manos de Junts per Catalunya y de ERC.
El Gobierno ha eliminado 183 puestos de los 311 que componían la administración catalana antes del 1 de octubre, una reducción que ha supuesto un ahorro de casi 13 millones de euros anuales en salarios, según cifras de la web de transparencia de la Generalidad comparando el documento de altos cargos y eventuales del 1 de octubre y el del 3 de abril.
La mayor parte de los puestos eliminados corresponden al personal eventual y a los propios consejeros de cada departamento, cesados con la aplicación del 155, pero lo cierto es que el personal que ocupa los altos cargos prácticamente no ha variado en los últimos cinco meses.
Las personas que trabajan ahora mismo en la administración catalana son los cargos de confianza designados en su momento por el expresidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, unidos bajo la coalición Junts pel Sí. Abundan, por lo tanto, los ediles, diputados, concejales y afiliados de ambas formaciones independentistas.
Entre los altos cargos de la administración también se cuentan al menos una decena de miembros de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, las dos principales entidades independentistas y cuyos expresidentes están en prisión provisional por sedición.
Tan sólo se cuentan siete nuevos nombramientos tras la aplicación del 155 y el único que ha dependido del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el del secretario general de Interior, Juan Antonio Puigserver, designado por Real Decreto el pasado 4 de noviembre. El resto de incorporaciones siguen la línea ideológica independentista mantenida en la administración catalana.
A pesar de la purga interna de la que presume el Gobierno, siguen trabajando en la Generalidad cargos polémicos como el director general de los Agentes Rurales, Marc Trachsel, responsable de la comisión jurídica y de seguridad de la ANC y protagonista de un vídeo en el que pedía la libertad de los políticos encarcelados junto al resto de agentes rurales.
Trachsel cobra 82.210 euros del erario público, la misma cantidad que el director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, un periodista vinculado al independentismo que en septiembre de 2011 pidió que los niños que querían estudiar en español fuesen concentrados en un centro "entre la cárcel y la perrera".
También han conservado su puesto Jordi Graells Costa, el director general de Atención Ciudadana responsable de la página web www.referendum.cat que se activó para informar a los ciudadanos de la consulta del 1 de octubre; la directora general de Administración Local de Vivienda, Montserrat Mundi Mas, investigada en el caso del 3% por presuntas presiones a cuatro peritos judiciales que debían evaluar los expedientes de contratación de cuatro ayuntamientos; o la exsecretaria de Artur Mas, Maria Reis Quinzaños, ahora responsable de la Oficina del Expresidente, que con un sueldo de 99.337 euros anuales está considerada la secretaria mejor pagada del mundo.