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El rector de la URJC: "No consta el acta" y "no se puede confirmar" que Cifuentes defendiera su trabajo fin de máster

"Es rotundamente falso que se haya pretendido por mi parte interferir, modificar o manipular alguna de las actuaciones del proceso".

"Es rotundamente falso que se haya pretendido por mi parte interferir, modificar o manipular alguna de las actuaciones del proceso".
EFE

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha vuelto a comparecer ante los medios. Nada que ver con aquella que protagonizó el pasado 21 de marzo, el día que estalló el escándalo del máster de Cristina Cifuentes. Y es que según explicó con detalle este viernes Javier Ramos las primeras informaciones que recabó al respecto le llevaron a poder realizar las declaraciones que llevó a cabo en ese primer momento. "Podré haber pecado de confiar en exceso en personas que no lo merecían como quedó patente en mi rueda de prensa", por lo que ha pedido disculpas.

Hoy ha revelado que estas semanas ha podido comprobar que no constaba ningún acta en el servicio de posgrado "pese a que su archivo era obligatorio". "Tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa del trabajo haya tenido lugar", ha añadido, dejando en una posición imposible a la presidenta madrileña.

Pero si hay una cuestión en la que ha sido tajante el rector ha sido en defender su actuación y desmentir así al director del máster que supuestamente realizó Cifuentes, Enrique Álvarez Conde. Éste había afirmado este mismo viernes por la mañana que "reconstruyó" el 21 de marzo y por orden del rector el acta del tribunal que supuestamente había examinado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es rotundamente falso que se haya pretendido por mi parte interferir, modificar o manipular alguna de las actuaciones del proceso", ha afirmado después Ramos. Así, el rector ha adelantado que se reserva "el derecho de emprender las acciones legales" que considere pertinentes. "No voy a permitir que nadie ensucie mi nombre y el de esta universidad", ha dicho contundente.

El caso está ya en manos de la Fiscalía, que investiga si se ha cometido una falsificación en el acta, castigada con pena de prisión de tres a seis años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años por tratarse de una falsedad en documento público, oficial o mercantil si lo hubiera llevado a cabo un funcionario público.

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