Espaldarazo supremo. El veto del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein a la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión trastoca categóricamente los planes del juez Pablo Llarena. La resolución ha provocado molestias en el Alto Tribunal español porque analiza en profundidad el componente de violencia sin el conjunto de las pruebas recopiladas en el sumario. El magistrado que instruye la causa contra el proceso confiaba en que los informes policiales acreditativos de más de 300 agresiones en los últimos meses sirvieran para la entrega del fugado.
Los postulados de Llarena contaban con el respaldo de la Fiscalía alemana, que se había pronunciado a favor de la extradición por rebelión y malversación y por el mantenimiento de Puigdemont en prisión preventiva. Pero el Tribunal ha optado por el criterio contrario. Según fuentes jurídicas, el instructor ha recibido la noticia con decepción y, desde el primer momento, ha descartado recursos a la segunda instancia en Alemania. Ha difundido un aviso: está estudiando la posibilidad de elevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea el máximo órgano de la justicia comunitaria el que revise la resolución.
En función de ese movimiento, es posible también que acepte la entrega únicamente por malversación porque aplicaría al expresidente catalán el tipo agravado del delito: cuando el desvío supera los 250.000 euros cabe imponer al reo hasta 12 años de prisión.
Existen otras vías para que la entrega de Puigdemont se produzca en condiciones más acordes al procesamiento. Llarena no se ha movido aún en este ámbito, pero podría modificar la solicitud de extradición. El cambio del delito de rebelión por el de malversación superaría ese requisito de violencia. De acuerdo con el Código Penal español, este último castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de resoluciones judiciales".
Llarena se alinearía con la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, autora del procesamiento de la cúpula de los Mossos. Esta maniobra permitiría también la atribución del delito de organización criminal, integrado antes en la rebelión. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan que un volantazo de esta magnitud dañaría la imagen de la Justicia española en el exterior.
Otra opción es la retirada de la euroorden. El magistrado ya desactivó la reclamación evitando que Bélgica limitara las posibles acusaciones en España. Puigdemont sería libre de nuevo para circular por otros países salvo el nuestro, donde en el plazo de 20 años que marca la prescripción sería arrestado y juzgado por rebelión.
La Fiscalía alemana no recurrirá
La Fiscalía General de Schleswig-Holstein, que interesó la entrega de Puigdemont por rebelión y malversación, no recurrirá la decisión del Tribunal. La fiscal portavoz Wiebke Hoffelner ha explicado que no existe "margen legal" porque la resolución no produce un menoscabo en el Ministerio Público de la República.
El escenario se complica ahora para el Tribunal Supremo, abocado a un juicio con las particularidades a evitar. Presentaría un banquillo donde quienes estuvieron sujetos a la Justicia están acusados por el delito más grave de rebelión y algunos huidos se sientan únicamente por malversación.
La Justicia belga dejó este jueves en libertad sin fianza a Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig mientras se resuelve la orden de detención europea en su contra, un proceso que puede alargarse durante unos tres meses. Impuso como medidas cautelares la prohibición de salida del país, comunicar una dirección fija, y estar disponible cuando se los requiera. El procedimiento pasa ahora a la Cámara del Consejo, un juzgado de primera instancia de Bruselas. Serret (ERC) y Puig (JxCAT) están procesados por malversación y desobediencia, mientras que Antoni Comín se enfrenta a malversación y rebelión.