La petición de los abogados del PP de que se lea la declaración del exconsejero Antonio Fernández, justificando su petición en las evidentes contradicciones entre lo declarado ahora y lo que declaró en 2012 ante la juez Alaya, ha tenido como consecuencia el retraso de las sesiones del juicio de los ERE. Por ello, se da por casi segura la coincidencia, salvo superior decisión del Tribunal, que las declaraciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán coincidan con la Feria de Sevilla de este año que comenzará el próximo sábado 14 de abril.
Puede ser una jugada maestra para hacer que la Feria de Abril coincida con las declaraciones de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía o puede tratarse de una torpeza que puede conseguir que tales declaraciones pasen desapercibidas debido al bullicio protagonista de las casetas, el vino y las tradiciones sevillanas.
Los letrados del PP lograron que el presidente del Tribunal, atendiendo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, permitiera dicha lectura para recordar y tener presente las declaraciones de los acusados en la fase de instrucción con las del juicio. Por ejemplo, recuerda ABC, en aquellas declaraciones ante la juez Alaya, Fernández, afirmó que Chaves "debió conocer, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno" los procedimientos que se usaban en la Consejería para conceder ayudas sociolaborales.
Núñez Bolaños y sus "víctimas"
Se conocía que la juez Núñez Bolaños ha continuado la línea marcada por la Audiencia Provincial de Sevilla de no volver a juzgar a los 22 ex altos cargos procesados por el caso del procedimiento específico del caso ERE, la llamada pieza política, por los cargos de malversación y prevaricación en los demás juicios pendientes, más de 250.
Núñez Bolaños, que insiste en que sus decisiones no están determinadas por el juicio que se sigue con los 22 ex altos cargos de la Junta sino por el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, sigue excluyendo a algunos de estos ex altos de los centenares de piezas que están instruyéndose.
Últimamente, ha excluido al exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano de la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a diferentes empresas del denominado "entramado de la Sierra Norte" de Sevilla que, por ejemplo, hicieron millonarios al hijo del ex alcalde del PSOE de El Pedroso, Rafael Rosendo y a su amigo, José María Sayago.
Según la juez Bolaños, 42 convenios suscritos por Serrano y sus pagos consecuentes en relación con las empresas de la Sierra Norte están incluidos en el juicio por el procedimiento específico, por lo que no cabe juzgarle de nuevo en las piezas separadas.
Las "víctimas" de Bolaños no lo son para la Audiencia
Se conocía también que la juez había comenzado una teoría judicial según la cual los beneficiarios de las ayudas de los ERE no eran responsables penales de contubernios con las autoridades y/o empresarios que las concedían sino víctimas de las irregularidades de la Junta de Andalucía en las tramitaciones.
Pero ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado cuatro autos de archivo dictados por Núñez Bolaños. En ellos, la juez había desimputado a beneficiarios e intrusos por considerarlos víctimas. Se trata de tres exdirectivos de un hotel de la familia Ruiz Mateos y dos "intrusos" colocados en pólizas de prejubilación de empresas en las que nunca trabajaron. Según la juez, "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas "víctimas".
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla resuelve que los intrusos pudieron cometer un delito de estafa a la Junta de Andalucía y decide que se prosiga con la investigación contra José Antonio Cuevas Álvarez, que aparece como jefe de ventas desde ¡1983! -1.400 euros al mes compatibilizados con la percepción de la ayuda por desempleo aunque nunca trabajó en el hotel-.
El segundo intruso, Claudio Andrés Sendino, tampoco trabajó en el hotel pero lo más escandaloso es que habiendo nacido en 1950 se argumentara que se le contrató para "rejuvenecer" a la plantilla. Por tanto, dice la Audiencia, también "pudo, al menos, cometer un delito de estafa".
Recuerda la Audiencia que la juez "olvida la "ilegal tramitación y concesión de ayudas públicas para el abono a los trabajadores del dinero apalabrado en un expediente de regulación de empleo que es un acuerdo de naturaleza privada para negociar un despido colectivo".
De hecho, subraya el diario de Vocento, en el año 2006, la Dirección General de Trabajo de la Junta, que ocupaba Francisco Javier Guerrero, concedió 8,76 millones de euros para rentas de prejubilación de 54 trabajadores en el ERE promovido por Europa Center, la propietaria del hotel vinculado al grupo Rumasa. Por la tramitación de este expediente, la mediadora Vitalia Vida cobró una comisión de 1,42 millones con cargo a fondos públicos.
Por ello, la Audiencia ordena seguir el procedimiento contra los tres excargos del hotel: el exdirector Miguel Rodríguez Ortega, el administrador Carlos Miranda y el director financiero Antonio Isla Barba, porque su colaboración fue necesaria para que "los tan citados trabajadores intrusos cobraran espuriamente dinero público sin estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada".