La subida salarial a Policía y Guardia Civil, protagonista del aumento del presupuesto de Interior

El aumento salarial a los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pactado entre el Ministerio del Interior y los representantes de sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos tras varios meses de movilizaciones en la calle, es el gran protagonista de los presupuestos que para el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha presentado este martes el Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La cifra exacta del presupuesto será de 8.418 millones de euros, según figura en el Libro Amarillo que ha hecho público el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 506 millones de euros más que lo asignado para el año 2017 (un 6,4 por ciento). De esa cifra, 500 millones deberán ir destinadas a esa subida salarial que busca equiparar entre 2018 y 2020 en sueldo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el de las policías autonómicas.

Precisamente, el gasto en personal público destinado a la Seguridad Ciudadana, la parte destinada a garantizar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, es la de mayor volumen. A esta materia van destinados 6.009 millones de euros, el 71,3 por ciento del presupuesto de Interior. De ese porcentaje, el 82,5 por ciento estará destinado al pago de las nóminas de los funcionarios que realizan esas tareas.

La explicación de los presupuestos indica que "para mantener el nivel de operatividad, resulta fundamental garantizar la reposición de efectivos mediante las ofertas públicas de empleo", después de que durante los años de mayor crisis económica se perdieran efectivos en Policía y Guardia Civil porque no se reponían las salidas por abandono o jubilación, y hace alusión a la gran convocatoria de plazas para ambos cuerpos aprobadas en el último Consejo de Ministros.

Entre los objetivos del Ministerio para este año 2018, el proyecto de cuentas públicas dice que las principales actuaciones se llevarán a cabo principalmente en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, en defensa de los derechos y libertades, contra la inmigración irregular y en aumentar la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad nacionales y con las de ámbito internacional.

En esta línea, indican que se va a continuar con la ejecución de planes iniciados en ejercicios anteriores, tales como el refuerzo de la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, promover la atención al ciudadano, combatir la violencia doméstica, así como incrementar la lucha contra los delitos contra el patrimonio y la cultura, contra el blanqueo de capitales y la corrupción, y contra la propiedad intelectual e industrial.

También se fomentará el uso de todo el potencial de la inteligencia financiera como herramienta esencial para la lucha contra el blanqueo de capitales; se fomentará la lucha contra la ciberdelincuencia potenciando las unidades específicas de Policía y Guardia Civil, además de hacer más fácil el intercambio de información con los servicios de inteligencia y policía de terceros países, así como con Europol, Interpol y otros organismos internacionales.

Asimismo, se dice que se quiere abordar la reforma de la legislación penal para combatir la reiteración de faltas contra las personas y contra el patrimonio y luchar contra el robo con fuerza en las cosas, especialmente los robos a joyerías, entidades bancarias y en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Para la política penitenciaria, el presupuesto es de 1.160 millones de euros, que servirán para cumplir uno de los objetivos fundamentales en esta materia: reeducar y reinsertar a los condenados. En este apartado, el Gobierno habla de la puesta en marcha de penas en beneficio de la comunidad, la mejora de los sistemas de vigilancia y control y la mejora de la política sanitaria en el interior de las prisiones españolas.

En lo que respecta a la tercera pata del Ministerio del Interior, la destinada a las actuaciones en materia de Seguridad Vial, se destinarán 766 millones de euros para esta materia. También habrá diferentes partidas presupuestarias para la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Protección Civil, la Agencia de Protección de Datos, la Dirección y Servicios Generales y las Fuerzas y Cuerpos en Reserva.