Carles Puigdemont ha recurrido el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena. Ocurrirá con todos los señalados por el magistrado como máximos responsables del proceso separatista. En el caso del expresidente catalán, se enfrentará en un eventual juicio a las condenas más graves por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Por medio de sus abogados, ha alegado ante el Tribunal Supremo que no existió violencia durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según el mismo escrito, algunos ciudadanos "pudieron haberse excedido" en su "resistencia pasiva", pero fueron casos "aislados".
Llarena aceptó que Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig se personaran en la causa contra el proceso. El abogado Jaume Alonso Cuevillas ha elaborado un recurso en nombre de los tres en el que pide la "nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del tribunal" y por "indefensión al no haberse permitido la actuación de la defensa".
Según alegan, el auto de procesamiento "utiliza argumentos que resultan realmente llamativos para justificar la existencia de violencia", al comparar por ejemplo la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la consejería de Economía con una "toma de rehenes mediante disparos al aire". Pero "por violencia", puntualiza el recurso, "no cabe entender unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causaren daños".
"Aunque algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido de la resistencia pasiva, y hubieran actuado activamente contra los agentes, dichas conductas en modo alguno podrían imputarse a los procesados, pues se trata de episodios completamente aislados que no permiten sostener la existencia de una violencia de entidad suficiente como para integrar el tipo de rebelión", señala el texto. Promover un proceso independentista "es plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia", explica el recurso.
Estos hechos aislados, insiste el escrito, "podrían a lo sumo implicar la comisión de un tipo penal de desórdenes públicos y, siempre a cargo de quienes llevasen a cabo dichas conductas". Por otra parte, el recurso elaborado por Jaume Alonso-Cuevillas también descarta el delito de malversación porque "no se cumplen los requisitos objetivos". "No concurre el elemento medular de la malversación: la deslealtad respecto de los caudales públicos administrados", apunta.
A los tres procesados, prosigue, "únicamente se les atribuyen hechos completamente genéricos y abstractos, que además no se acompañan de justificación alguna", pese a las "certificaciones de la Interventora General de la Generalitat", en las que "se garantiza que no se ha destinado cantidad alguna a la satisfacción de ningún pago vinculado al referéndum de autodeterminación" del 1 de octubre.
El abogado denuncia vulneraciones de garantías procesales, puesto que a su juicio la "privación", hasta ahora, del derecho de defensa "ha supuesto prescindir de normas esenciales de procedimiento", provocando una "evidente indefensión material", por lo que "procede declarar la nulidad de las actuaciones practicadas".