Carles Puigdemont estará en la cárcel hasta que Alemania decida si lo entrega a España. El juez de distrito de Scheleswig–Holstein ha decretado el ingreso del expresidente catalán en prisión provisional. El fugado, que ha dormido en el centro penitenciario de Neumünster, una ciudad de 77.000 habitantes cercana a la frontera con Dinamarca, ha comparecido durante tres horas en la primera instancia acompañado de su abogado y con el apoyo de diputados separatistas a las puertas del Juzgado.
El letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que dirige la defensa de Puigdemont junto con el belga Paul Bekaert, ha avanzado los argumentos de su cliente. El líder de Juntos por Cataluña expondrá los "motivos fundados" de sus sospechas de que en España no dispondrá de "un juicio justo". Entiende el abogado que, aunque la nuestra es una de las legislaciones "más garantistas de Europa, no se respetarán esas garantías".
En cualquier caso, el huido ha comparecido esta tarde ante el magistrado considerado la primera estancia en el lugar de la detención. El juez ha comprobado su identidad y le ha comunicado sus derechos. Puigdemont ha rechazado la extradición a España porque prefiere la jurisdicción alemana.
El juez de distrito ha dictado la prisión provisional del requerido hasta que el llamado Tribunal Suprerior del land resuelva los recursos y determine si se produce o no la entrega de forma definitiva. De acuerdo con la legislación de la materia, el fallo se conocerá en un máximo de 60 días desde el inicio del procedimiento. Si deniega la extradición, será en una resolución motivada. Si acepta la reclamación de la Justicia española, la entrega se llevará a cabo en hasta diez días más.
El de rebelión no se encuentra en la lista de los 32 delitos exentos de "control de la doble tipificación" en la normativa europea, que emplaza al país que recibe la orden a valorar si la conducta atribuida al fugado es también ilegal en su Código Penal. La legislación belga no incluía una figura equivalente a nuestra rebelión. Sin embargo, el artículo 81 del CP alemán establece la pena máxima y a partir de diez años para "quien intente con violencia o bajo amenaza de violencia perjudicar la continuación de la existencia de la República Federal alemana o cambar el orden constitucional, basado en la Constitución alemana". Más adelante, el artículo 83 fija penas de entre uno y diez años para la "preparación de una operación de alta traición".
Los fugados en Bruselas, en libertad
Tal y como marca la regulación de la Orden Europea de Detención, el procedimiento comienza con la comunicación entre la Fiscalía de ambos Estados. La representación del Ministerio Público en Bruselas examina el requerimiento de España en relación a los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.
Según fuentes jurídicas, han contactado con los abogados de los separatistas procesados. La Fiscalía belga ha pedido información adicional sobre la euroorden y no ha solicitado ninguna medida cautelar puesto que "no existe riesgo manifiesto de fuga". Quedan en libertad sin ni siquiera acudir a una comparecencia.
Comín es el único al que el juez Llarena incrimina por rebelión, además del delito de malversación de fondos públicos. Serret y Puig, además del desvío de caudales, están procesados por desobediencia, cuya pena de cárcel es inferior a dos años.
Los pasos en Bélgica son idénticos al escenario alemán, con la salvedad de las diferencias en el Código Penal. Los exconsejeros se opondrán a la extradición ante el juez de instrucción y la decisión pasará a la Cámara del Consejo en primera instancia. Un magistrado determinará en quince días si la orden es ejecutable o no. Las partes podrían recurrir primero al Tribunal de Apelación y luego a Casación.