El caso Nóos se consume entre las solemnes paredes del Tribunal Supremo. Los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo resolverán el futuro de los siete condenados por la Audiencia Provincial de Palma, que exoneró a otros diez inicialmente procesados. Abordan los recursos de las partes, ninguna conforme con la sentencia dictada.
Iñaki Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres son quienes más se juegan. Pesan ahora sobre ellos condenas a seis años y tres meses y ocho años y medio de cárcel, respectivamente. Sus defensas insistirán en la absolución como el único resultado posible, mientras que las acusaciones, principalmente la Fiscalía, apostará por un incremento de las penas, lejos de los hasta 19 años reclamados al inicio del juicio.
La representante del Ministerio Público María Ángeles Garrido los ha presentado en su alegato como "el motor de toda la secuencia delictiva. De ellos partió la iniciativa y ellos fueron los instigadores para la corrupción que se produjo en los funcionarios públicos". Reclama al Alto Tribunal que condene a diez años de prisión a Urdangarin y doce años y diez meses a Diego Torres. Anticorrupción defiende la aplicación de tipos agravados también para Jaume Matas, el expresidente balear condenado a tres años y ocho meses de cárcel: "en la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad".
Reclaman más dinero a la infanta
La cantidad de recursos y la complejidad de las intervenciones alargarán este trámite durante varios días y la sentencia final semanas o incluso meses. En discursos con un máximo pactado de media hora, también la Abogacía del Estado ha expuesto su informe de conclusiones. Solicita al tribunal un incremento de la responsabilidad a título lucrativo de la infanta Cristina y la esposa de Torres, Ana María Tejeiro. De atenderse la petición, obligaría a la hermana del Rey a aportar unos 35.000 euros más de los 265.000 que cubrió solidariamente con su marido Urdangarin.
También ha intervenido Manos Limpias –única parte que sostuvo la acusación contra la absuelta doña Cristina de Borbón– sin la célebre letrada Virginia López Negrete, que ha renunciado al procedimiento. La representación del sindicato insiste en que la infanta participó en el delito fiscal del exduque de Palma. El letrado José María Bueno ha defendido que no actuaron de forma "baladí", ni "infundada".
Defensa de Urdangarin
Mario Pascal Vives, abogado y amigo del exduque de Palma, ha preparado de forma concienzuda su intervención en la vista, a la que no ha acudido su cliente. Ha pedido la libre absolución desgranando los aspectos básicos de su recurso.
Entiende que la cuota supuestamente defraudada está muy poco por encima del umbral necesario para el delito: "Mi cliente a día de hoy no sabe qué cantidad debería abonar para que nadie le quisiera condenar por el delito fiscal". Sobre el tráfico de influencias, ha citado una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma –de una Sala diferente a la que enjuició los hechos– que sostiene que la vinculación de Iñaki Urdangarin con la familia Real para conseguir contratos con las administraciones, si hubiera llegado a influir, sería impune por atípica y menos conllevaría castigo penal".
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
Enfrente, el Ministerio Público argumentará que se sirvió "de su influencia" y del "privilegiado posicionamiento institucional" en la obtención de los contratos públicos con administraciones como el gobierno de las Islas Baleares, que le proporcionaron beneficios ilícitos de más de cinco millones de euros.
Diego Torres
Si se confirman penas superiores al umbral de los dos años, Urdangarin, Torres y Matas ingresarían en prisión. Restaría la última instancia del Tribunal Constitucional solicitando una suspensión de la condena hasta la resolución del último recurso.
La defensa de Torres, conducida por Manuel González Peeters, cree que "no es temerario pedir que se anule la sentencia de 17 de febrero de 2017 condenatoria de la Audiencia de Palma y se dicte otra de corte absolutorio para Diego Torres y su mujer Ana María Tejerio: "Dije en su momento que no tuve la sensación de haber estado durante seis meses en la Audiencia Provincial de Palma durante el juicio. Toda la tesis sobre la que se articula la acusación carece del más elemental soporte".