El pleno del Congreso debatirá este martes la reforma de la Ley de Amnistía de 1977 presentada por ERC a través del grupo Mixto pero en el que han estampado sus firmas los portavoces de Podemos, sus confluencias, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Se trata de la toma en consideración de un proyecto de Ley, registrado el pasado 25 de octubre, que persigue que en España se puedan juzgar crímenes cometidos por la dictadura franquista.
Lo que pretenden los grupos proponentes es incluir un nuevo párrafo en la citada ley que deje claro que las disposiciones contenidas en la norma "no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos".
La unión de la izquierda y los independentistas catalanes y nacionalistas vascos no prosperará, sin embargo, gracias al PSOE. Según confirmó en rueda de prensa la vicesecretaria general, Adriana Lastra, "el PSOE va a votar en contra" porque el proyecto de ley aporta problemas de "seguridad jurídica" y porque los socialistas ya presentaron una reforma sobre la materia que aún se encuentra pendiente su debate.
Preguntada por este periódico, Lastra aseguró que "jurídicamente lo que nos dicen es que es francamente mejorable". La número dos de Sánchez defendió que "la ley de Amnistía es en lo que se ha basado parte de nuestra transición política. Otra cosa es que haya cosas mejorables y que haya juristas que estén de acuerdo en que crímenes de lesa humanidad se puedan perseguir y en eso saben que estamos de acuerdo".
Ése fue el objeto de la conversación que mantuvieron la semana pasada, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, con su homólogo de ERC, Joan Tardá, según informan a LD fuentes parlamentarias. En ella Robles le explicó a Tardá que el proyecto de Ley, apenas la inclusión de un párrafo en la ley de 1977, era "una chapuza". Algo ante lo que Tardá se mostró dispuesto a modificarla en el futuro.
Las apelaciones al PSOE han sido constantes para que se sume a la iniciativa votando a favor de su toma en consideración, lo que supondría su primer paso en el trámite parlamentario. De hecho, Joan Tardá ya manifestó que "vemos con dolor que partidos que también participaron en la lucha antifranquista, como el PSOE, hoy no estén aquí. Se equivocan al pensar que el olvido puede amortiguar el dolor". Los mismos grupos registraron en paralelo también una reforma del Código Penal para afianzar la figura de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, conforme al Derecho Internacional y a los tratados suscritos por España, según expresan los grupos proponentes.
"Nos preocupa que el PSOE no esté comprometido con los DDHH"
Desde Podemos cargaron contra los socialistas asegurando que les preocupaba "muchísimo que el PSOE no esté comprometido con los Derechos Humanos y con la recuperación de la memoria democrática de nuestro país". Así lo aseguró la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra.
"Esta es una Proposición de Ley surge del intergrupo de trabajo en temas de memoria histórica. Es a propuesta de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo. Nos preocupa enormemente que el PSOE se desmarcara en el último momento del trabajo que ese intergrupo lleva haciendo desde hace varios años pero aún queda tiempo hasta mañana y confiamos en que reconsidere su posición", añadió.
Ciudadanos denuncia un intento de "reescribir la Transición"
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, adelantaba este lunes su voto negativo a la iniciativa tras la reunión de la Ejecutiva del partido. Para el número dos naranja, se pretende "reescribir la Transición" pero acabando con la norma de 1977 únicamente de manera "parcial", ya que, señalaba, "curiosamente, los independentistas se olvidan de los terroristas, que también fueron amnistiados".
Entre los crímenes que se amnistiaron con aquella norma, defendida entonces por los partidos de izquierda, singularmente el Partido Comunista de España, se encontraban varios de ETA y algunos tan brutales como el asesinato en Barcelona del industrial José María Bultó, con cuya vida acabó el grupo EPOCA (que con el tiempo se convertiría en Terra Lliure) adosándole un explosivo a su pecho.
En una sentencia de finales de ese mismo 1977, la Audiencia Nacional consideró que el asesinato tenía "intencionalidad política" pese a que los terroristas pidieron quinientos millones de pesetas para mantener con vida a Bultó.