Las historias de Marcelino Oreja y del abuelo de Leguina que dejan en evidencia el revanchismo de la 'Memoria Histórica'

La protesta popular contra la memoria histórica y su proyecto de ampliación, que quiere castigar con cárcel, multa e inhabilitación a quienes contradigan la versión de la historia que impone la izquierda, presentado por el PSOE en el Congreso de los Diputados llenó ayer el auditorio de la Mutua Madrileña, mientras fuera caía una tromba de agua. Varios cientos de personas acudieron a un acto convocado por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, así como por la sociedad de estudios Kosmospolis.

La mesa estuvo presidida por el columnista Alfonso Ussía, que consiguió de los cuatro participantes un elemento que, sin duda, influyó en el éxito: brevedad. Cada uno de ellos habló poco más de cinco minutos, lo que dio agilidad al acto.

En sus primeras palabras Ussía, cuyo abuelo, Pedro Muñoz Seca, fue asesinado en una saca, destacó que la historia de España no empieza en 1931 y que Franco no inventó la bandera rojigualda. Para él, la ‘memoria histórica’ supone venganza, rencor, odio y mentira.

El primer interviniente, el ex ministro de UCD y del PP Rafael Arias Salgado, describió la elaboración de la Ley de Amnistía de 1977. Fue una proposición de ley, es decir, no la presentó el Gobierno, de todos los partidos políticos; fue el primer texto legal aprobado por las Cortes democráticas; y tuvo el contenido más amplio posible.

Es falso que en España se cometiera un genocidio

La nueva ley que quiere aprobar el PSOE, siguió Arias Salgado, hace tabla rasa de la Ley de Amnistía; pretende crear una verdad oficial, pero no la define; parte de la falsedad de afirmar que en España se cometió un genocidio, que no lo hubo; para legitimarse acude a la Constitución de 1931; y deja fuera a todos los que no lucharon a favor de la República.

Se pretendía con ella la reconciliación nacional (en la que insistía el PCE desde los años 50) y superar la guerra civil, sacándola del debate político y dejándola a los historiadores e investigadores. Según Payne, citó Arias Salgado, en los últimos 20 años se han publicado más de 1.800 libros sobre la guerra y la posguerra.

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y diputado socialista en las dos legislaturas en que gobernó Rodríguez Zapatero, contó la trayectoria de su abuelo, miembro de Acción Popular y concejal en Guarnizo (Santander).

El alcalde, que era del PSOE, lo encarceló para salvarle de un paseo y luego él le devolvió el favor. Sin embargo, las izquierdas mataron al marido de una de sus hijas. Ya en la paz, una noche los familiares de uno de esos asesinos vinieron a buscarle para que les ayudara con el parto de una vaca.

Ante la oposición de sus hijas, el abuelo de Joaquín Leguina les respondió: "¡O bajo o esto no acabará nunca!". "La herida fue restañada y no hay derecho a abrirla", añadió.

Oreja liberó al asesino de su padre

Otro ex ministro de UCD, Marcelino Oreja, dijo primero que el proyecto de ley de memoria histórica quiere ilegalizar a las asociaciones y fundaciones con ideas distintas a las de los socialistas.

Luego, explicó por qué no conoció a su padre, ya que éste fue asesinado por pistoleros socialistas en la casa del pueblo de Mondragón durante la Revolución de Octubre de 1934, cuando su madre estaba embarazada de él.

Los asesinos fueron detenido y encarcelados en Ondarreta hasta que la toma del poder por el Frente Popular los puso en libertad. El jefe de la cuadrilla al final volvió a la cárcel, porque siguió haciendo de las suyas.

Cuando antes de la ley de 1977, se plantearon las primeras medidas de amnistía por parte del Gobierno de Adolfo Suárez (en el que Oreja era ministro de Asuntos Exteriores), vio el nombre del asesino de su padre en una de las listas. "Me estremecí, pero no dije nada", de modo que el pistolero salió libre.

La ley de memoria histórica "es un error, una falsedad y un mal servicio a España", concluyó.

Menos ejecutados por el franquismo que en Paracuellos

Después del testimonio de Oreja, que arrancó una prolongada ovación, Alfonso Ussía dijo que el historiador Pedro Corral, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y presente en el acto, le había contado que los tribunales militares de la posguerra en Madrid instruyeron 250.000 procesamientos, con trámites legales, pruebas, testimonios…, pero que sólo produjeron 3.000 ejecuciones.

"La mitad de los ejecutados por Carrillo en unos pocos días en Paracuellos del Jarama" y otros lugares de Madrid, entre los que hubo, prosiguió, docenas de niños.

La diferencia de víctimas entre una represión y otra le condujo a Ussía a subrayar que la capacidad de perdón y olvido, "quizás por el cristianismo", fue mucho mayor en los vencedores que en los vencidos.

Tom Burns Marañón señaló que "la mala historia hace mala política y la mala política hace historia". La mala historia, prosiguió, "no tiene espacio en una sociedad abierta y liberal; y la buena historia debe estar salvo de los dictámenes y las órdenes gubernamentales. Como otros de sus compañeros, insistió en que la historia y la memoria son diferentes; ésta incluso puede ser una creación neurasténica.

"La memoria histórica", dijo, como colofón, es una manifestación "del pensamiento desordenado" de nuestro tiempo.

Velarde: "¿No puedo elogiar a Navarro Rubio y Ullastres?"

El economista Juan Velarde se preguntó si le iban a prohibir el elogio a los ministros de Franco que abrieron España al desarrollo económico y la sacaron de la pobreza, como Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres.

Desde Estados Unidos, el mejor hispanista vivo, el profesor Stanley Payne, envió su adhesión mediante un mensaje de vídeo. En su opinión, el proyecto constituye, por su control de la historiografía y sus sanciones, "una ley de sovietismo suave" y un paso en el "derrocamiento del constitucionalismo español y de la democracia".

El acto concluyó con la lectura del manifiesto por el escritor Jesús Palacios, autor, junto con Payne, de una excelente biografía de Franco y luego con colas de los asistentes para firmarlo.