Más de 200 historiadores e intelectuales firman un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica

Un total de 205 historiadores, investigadores, profesores y periodistas han firmado un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 y que sirvió para reabrir un debate que había cerrado con la Transición a la democracia.

Entre los firmantes están Federico Jiménez Losantos, Stanley Payne, Fernando Savater, Elvira Roca Barea, Antonio Escohotado, María San Gil, Andrés Trapiello, Joaquín Leguina, Sosa Wagner, Luis Alberto de Cuenca o Mayor Oreja, junto otros muchos nombres de prestigio en el ámbito académico, de la política y el periodismo.

En dicho manifiesto aseguran que "no se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos", por lo que "no se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas". Los firmantes denuncian que "la interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida".

En el manifiesto se recoge que en España se está perpetrando "un inadmisible y flagrante historicidio" desde la aprobación de esa ley en diciembre de 2007 y que ahora el PSOE quiere que se apruebe una nueva ley "con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España". "Con la implantación de una "Comisión de la Verdad", amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única'", continúa el texto.

Además critican que dicha proposición de ley "ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución)".

"Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España", apuntan en el manifiesto.

Por ello, dicen que sería "dramático para la convivencia de los españoles" que "se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos". 

Los firmantes aseguran que esa propuesta de ley debe de ser rechazada y que "ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado".