Como tenía previsto, Francisco Granados no ha acudido a la llamada del Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid, que se ocupa de la querella de Cristina Cifuentes por injurias y calumnias. La presidenta de la Comunidad de Madrid emprendió acciones legales sin intervención de los servicios jurídicos regionales a raíz de que el supuesto cabecilla de la trama Púnica apuntara en la Audiencia Nacional a su responsabilidad en el marco de la financiación ilegal del PP autonómico.
Según fuentes jurídicas, la Policía Judicial intentó notificar al exsecretario general del PP de Madrid el contenido de la querella y el día señalado para su declaración. Sin embargo, no fue posible. Puesto que Granados, de acuerdo con la versión de su defensa, "solo conoce la querella por los medios de comunicación", ha preferido que se posponga el interrogatorio. Ahora, se deberá fijar una nueva fecha.
En cualquier caso, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid está citado este jueves para declarar por tercera vez en el marco del caso Púnica ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Además, deberá comparecer mañana ante el Congreso de los Diputados sobre esta presunta trama.
Querella de Cifuentes
Cifuentes considera que las manifestaciones del exsecretario del PP madrileño ante la Audiencia Nacional el pasado 12 de febrero, en el marco del Caso Púnica, vulneraron los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, o lo que es lo mismo, delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias.
El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".
Las manifestaciones de Granados, según señala la querella, respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad.
A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cifuentes", a la que acusó porque según Granados mantuvo una relación sentimental con Ignacio González.