La Audiencia Nacional instruye la causa contra el proceso sepratista en la parte relativa a la inacción de los Mossos. La juez de instrucción Carmen Lamela ha interrogado este viernes a los dos últimos imputados por sedición: el exdirector de la Policía Autonómica en su dimensión política Pere Soler y quien fuera secretario general de Interior catalán César Puig. El primero ha confesado que ordenó la manipulación de los informes sobre el desempeño de los agentes durante la votación. Sin embargo, ambos se han desvinculado de los mandatos directos.
Pese a que la Fiscalía solicitaba la libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros, la magistrada ha impuesto únicamente medidas cautelares menores: comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de facilitar un número de teléfono para estar localizables.
No obstante, concluye en el mismo auto que formaron parte de una "correa de transmisión" para que el Gobierno de Carles Puigdemont controlase al cuerpo policial durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Valora para ello el arraigo personal, familiar, laboral y social de los imputados y que no hayan eludido su obligación con la Justicia. Además, "su libertad no puede perjudicar la investigación porque está bastante avanzada y desde que fueron cesados de sus cargos el 27 de octubre, ninguno ostenta una posición de gobierno, sino que únicamente son militantes del PDeCAT".
"Finalidad inmediata"
Lamela expone que se les acusa de delitos "graves", con posibilidad de añadir el de organización criminal y precisa que la "finalidad inmediata" tanto de Soler como de Puig era facilitar la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y, con ello, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales.
Explica que en julio de 2017 se produjeron unos cambios en el gobierno del entonces presidente Puigdemont con el fin de sustituir a los consejeros que no se mostraran totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de la deriva soberanista. En este contexto, fueron nombrados Joaquim Forn y Pere Soler como consejeros del Interior y director de los Mossos, respectivamente, mientras que Puig continuó en el cargo que asumió en julio de 2015.
Publicaciones de Soler en Twitter
Igualmente recuerda que Soler, tan solo dos semanas después de su nombramiento, expresó públicamente que "la Constitución no les obligaba". Un día antes publicó en su cuenta personal de Twitter que su ordenamiento jurídico no se acababa con la Constitución española y que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) tenía supremacía.
Al hilo ha recordado que, con el fin de evitar que se bloquease el plan estratégico hacia la independencia, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar y que procedía de la cúpula de los Mossos (comandada entonces por el también investigado en la causa Josep Lluis Trapero) en conexión directa con Soler y Puig.