Los grupos parlamentarios separatistas preparan el terreno para una nueva suspensión del pleno de investidura con el argumento servido en bandeja de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado de plazo a las partes hasta el lunes para alegar y argumentar sobre la petición de la defensa de Jordi Sànchez, el preso propuesto por Puigdemont para presidente de Generalidad, para que este pueda asistir a la sesión de investidura.
Antes de ese trascendido, la CUP ponía en duda que el lunes 12 a las diez, fecha y hora determinadas por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para la sesión de investidura, se fuera a celebrar la sesión. Su anunciada abstención era el motivo aducido para advertir a Torrent sobre su precipitada convocatoria. El grupo parlamentario de Puigdemont, Junts per Catalunya, se mostraba sensible al razonamiento cupero mientras que el portavoz del día de la CUP, ayer Carles Riera, insistía en que su grupo está más interesado en el programa de "implementación" de la república que en la identidad y condición del candidato. Exigen un programa claro, sin subterfugios, republicano desde el primer minuto. La desobediencia pura y dura.
La chapa de Artadi
La negociadora de Puigdemont, Elsa Artadi, se ha puesto una chapa con la leyenda "Llibertat presos polítics" en solidaridad con su candidato Sànchez. La del penitente Junqueras, Marta Rovira, aboga por un acuerdo inmediato desde hace semanas mientras que el presidente de la cámara, Torrent, se tomó el día libre de actos públicos y no provocó ningún altercado con juristas o empresarios. El circo catalán no para. El grupo de Junts per Catalunya ya ha anunciado una querella criminal contra Llarena si no deja a Sánchez asistir al pleno. Insistían en ello sus voceros al replicar el aval del Tribunal Constitucional a la situación de prisión sin fianza de Sànchez. Al tiempo, el abogado del presidiario candidato a la investidura, Jordi Pina, deslizaba que pondera recurrir de inmediato a Estrasburgo el concreto sobre la presencia de su patrocinado en la improbable sesión parlamentaria.
Mandan los abogados
Los letrados del separatismo se disputan el manejo de los tiempos parlamentarios en Cataluña. El presidente del Parlament se somete a los dictados de Puigdemont y sus abogados. El equipo jurídico de Oriol Junqueras está bloqueado. El hombre de Waterloo retiene el control y humilla a ERC. Las facciones separatistas están en pleno ajuste de cuentas. Los papeles que se salvaron de la quema, la documentación intervenida por la Policía Nacional a los Mossos cuando estaban a punto de pegarle fuego revelan una guerra sucia en toda regla dirigida contra políticos y particulares no nacionalistas.
La "fanática" Rovira
Las "confesiones" del exconsejero Santi Vila plasmadas en un libro sobre las "horas graves" del golpe de Estado separatista han desencadenado un cruce de acusaciones entre familias. Vila describe a Marta Rovira como una mujer "fanatizada" que "gritaba y lloraba" en las reuniones del "comité estratégico" separatista y arremete contra los exconsejeros Rull y Turull y el entorno tóxico de periodistas, activistas y empresarios alrededor de Puigdemont. Los aludidos replican y reiteran que Vila es un "miserable".
Los plazos del juez Llarena han aliviado un tanto las tensiones entre separatistas. Más tiempo para el tiempo muerto de la política catalana. El requerimiento de Hacienda a la Generalidad para que informe sobre los pagos a Roures, los periodistas y los Jordis del prusés se ha transformado en más victimismo mientras el separatismo señala y hostiga al empresario alemán que reprochó a Torrent en público las mentiras del catalanismo y abogó por encarcelar a todos los golpistas.