Los Mossos implican a Antich, exdirector de La Vanguardia, en el arranque del "proceso"

El material que los Mossos d´Esquadra querían destruir en la incineradora de San Adrián del Besós, en Barcelona, contiene sorprendentes detalles sobre el golpe separatista y las prácticas corruptas de los nacionalistas, así como de la utilización del cuerpo autonómico como una policía política al servicio del independentismo. Una de las notas salvadas de la quema ilustra sobre las reuniones en la que arrancó el proceso. Los principales dirigentes de Convergencia se reunieron el 25 noviembre de 2011 para fijar el plan de actuación que debía concluir con la independencia de Cataluña en forma de república.

Allí estaban Jordi Pujol y tres de sus hijos, Jordi, Josep y Oriol, así como el entonces president Artur Mas y su consejero de Interior, Felip Puig, entre otros dirigentes. A esa primera cumbre siguió otra a finales de diciembre y de cuyo contenido fueron puestos sobre aviso un grupo de empresarios y periodistas afines, entre ellos, José Antich, en aquel momento director del diario La Vanguardia y en la actualidad de ElNacional.cat.

Seguimientos al ministro de Interior

Según informa Europa Press, Puig fue nombrado "controlador" de las operaciones, entre las que constaban la estricta vigilancia a cargo de un numeroso grupo de mossos de confianza de Alicia Sánchez Camacho y Jorge Fernández Díaz, la presidenta del PP de Cataluña y el ministro de Interior en aquella época. Una furgoneta camuflada estuvo aparcada durante meses frente al domicilio de Sánchez Camacho y sus escoltas, cuatro agentes de los Mossos, estaban obligados a dar cuenta del más nimio de sus movimientos. También siguieron a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. El propósito, según la documentación policial, era la de obtener "información sensible" del PP para poder negociar con este partido "cuando las cosas se pusieran difíciles".

Según la Policía Nacional, del análisis de estos papeles se infiere que Convergencia quería tapar a toda costa las prácticas de corrupción, el cobro de comisiones y sobornos, trabar alianzas con sectores judiciales y eclesiásticos, chantajear a dirigentes del PP y presionar al Gobierno con información procedente del servicio de espionaje de la policía autonómica. Todo ello en conocimiento de personalidades relevantes del mundo de la empresa y de los medios.