En 2014, la juez Alaya anticipó en su exposición razonada al Tribunal Supremo que dividir la causa en un procedimiento para cada ayuda provocaría un "caos procesal", sentencias contradictorias y una vulneración de la seguridad jurídica. La decisión de la Audiencia Provincial de negar la idoneidad de que los acusados pudieran ser juzgados en el juicio que se sigue por el procedimiento específico y en los otros que vendrán por cada ayuda concreta, señaló un posible horizonte de impunidad para muchos de ellos y la incertidumbre acerca del dinero concedido irregularmente. ¿Cómo evitar el embrollo e impedir la impunidad?
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla que lleva la acusación pública en el caso que se juzga estos días en la Audiencia Provincial parece dar pasos en la dirección que conduce a que los procesados en el juicio "político" del caso pueden volver a ser imputados y procesados en cada uno de los sumarios abiertos o que se puedan abrir por cada una de las ayudas concedidas irregularmente.
Cuenta hoy El Mundo que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, que dé marcha atrás en las exclusiones acordadas tras el auto de la Sección Séptima que estimó varios recursos de acusados y resolvió que no debían ser enjuiciados más de una vez por los mismos hechos.
¿Qué ha ocurrido? Si bien la juez Núñez Bolaños excluyó a diferentes imputados atendiendo al criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla, la situación ha cambiado porque el Tribunal que juzga la pieza política ha decidido que en este juicio sólo pueden responder del "procedimiento" pero no por la consumación de las ayudas.
Como hay señaló Libertad Digital, además de la impunidad concreta por cada presunto delito para los imputados, se difuminaría la pista del dinero de los ERE. Si los ahora procesados no tendrían que dar cuenta en nuevos juicios del destino del dinero y si los beneficiados por las ayudas eran considerados "víctimas" de la mala gestión del dinero, ¿cómo recuperarlo?
"Salvoconducto procesal" llama la Fiscalía al hecho de que se excluyan a los ex altos cargos como imputados en las numerosas piezas separadas que quedan pendientes. De mantenerse la exclusión no tendrían que responder penal ni civilmente por los cientos de ayudas en que se emplearon los 741 millones de euros desde 2001 a 2010.
Por ello, el Ministerio Público, y también la acusación particular ejercida por el PP, insisten en la necesidad de imputación en los demás procedimientos pendientes. Es más, en un comunicado de ayer, la Fiscalía afirma que la no imputación de nuevo de los cargos políticos en las piezas separadas crearía un "espacio intolerable de impunidad".
Por otra parte, la juez Núñez, que sigue los criterio de la la Audiencia Provincial, que ha excluido a los altos cargos de las restantes causas, ahora ya sabe que en el actual juicio que se sigue contra Manuel Chaves y 21 ex altos cargos más, no se va a tratar de las responsabilidades concretas que corresponden a cada ayuda concreta.
El PP andaluz apoya la solicitud de la Fiscalía para que se depuren responsabilidades y se recupere el dinero defraudado. Está por ver que hará la Audiencia ante esta formulación, qué hará la juez Núñez Bolaños y qué harán las defensas de los imputados.