Tras diez años al frente de los presupuestos andaluces, Magdalena Álvarez sólo sabía de "ingresos", no de los ERE

La popular exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, que presumía de querer estar "antes partía que doblá" y que dominó como pocos consejeros antes y después los presupuestos y los dineros públicos de los andaluces –un euro de cada cinco que circula en Andalucía es público–, dijo ayer que no era verdad que ella lo controlara todo y que "nunca" recibió reparos de la Intervención General sobre ayudas sociolaborales o fiscalización de éstas durante la década que estuvo en el cargo.

Es más, afirmó que los reparos de la Intervención llegaban a cada Consejería vía la Intervención delegada en cada departamento. "Durante mi etapa al frente de la Consejería no llegaron reparos al Consejo de Gobierno ni a la Consejería de Hacienda. Nunca han llegado reparos de ningún tipo", dijo la exconsejera, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Sorprendente fue su afirmación de que "no conocía" ni la normativa de concesión de ayudas, ni la fiscalización ni su regulación. O sea, que no sabía nada de todo lo que estaba relacionado con el presunto fraude de los ERE y que era la Consejería de Empleo la que era responsable de las normas y su desarrollo y aplicación.

Más curioso aun fue su desconocimiento de la relación entre las ayudas de los ERE y las modificaciones presupuestarias, que ella tenía que gestionar y de las que era responsable. La Fiscalía insistió en nada menos que las 40.000 modificaciones presupuestarias realizadas en diez años, pero Álvarez dijo que las modificaciones presupuestarias entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no eran responsabilidad de su Consejería de Hacienda y seguían un procedimiento legalmente establecido.

La exconsejera hizo descansar en su exviceconsejero, José Salgueiro, la elaboración concreta de los presupuestos relativos a los centros de la Junta y dijo ser conocedora más de los ingresos que de los gastos.

Por ello, Álvarez, recoge Europa Press, "nunca" ha conocido nada en relación con la ejecución del presupuesto, "no entra dentro de mis competencias". Tampoco, por tanto, tenía conocimiento de la situación deficitaria del IFA y que "nunca despachó con la Intervención General" sobre este asunto. Ni siquiera conoció el convenio marco de 2001 firmado entre este ente y la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales.

"En mi época de consejera no sabía el contenido concreto del programa de relaciones laborales 31L, cuya ejecución corresponde a Empleo. No tenía nada que ver con la ejecución, era responsabilidad de la Consejería gestora", ha reiterado, añadiendo que la normativa de regulación de estas ayudas y su concesión estaba en la Ley de Hacienda, en la Ley General de Subvenciones, en el Decreto 9/99 de Control Financiero Permanente, la Orden Ministerial de 1995 y en todas las leyes de Presupuestos anuales.

El Mundo subraya que el fiscal Juan Enrique Egocheaga preguntó a la ex consejera si conocía el destino que se daba a los fondos de la partida 31-L del presupuesto de la Junta, el famoso fondo de reptiles, de donde salían las ayudas. Magdalena Álvarez dijo que tampoco lo conocía ni sabía que su fin fuese las "relaciones laborales".

Sin embargo, Álvarez dejó caer que todas las subvenciones debían ajustarse a un procedimiento y a una fiscalización previa. "Había un procedimiento reglado y una obligación de fiscalizar. Y en la ley de presupuestos que yo aprobé así lo pone. Otra cosa es que no se cumpliera, que es lo que están ustedes investigando", añadió. Olvidó decir que el convenio ideado en 2001 por la Junta era precisamente para eludir los controles previos de la fiscalización.

La visión de la Fiscalía, del juez y del TS

La Fiscalía la consideró en su escrito de acusación como responsable con pleno conocimiento de los hechos que debían ser juzgados porque fue Consejera de Economía y Hacienda de los gobiernos de Manuel Chaves desde el 2 de agosto de 1994 al 7 de febrero de 2004, en cuyo período se fraguó el procedimiento específico que dio origen al presunto fraude de los ERE.

Y precisa: "El 7 de mayo de 2001 la encausada Magdalena Álvarez Arza , como Consejera de Economía y Hacienda aprobó una modificación presupuestaria por importe de 500.000.000 de pesetas ( 3.005.061 euros ) mediante la cual se incrementaba la aplicación presupuestaria 440.00. 22E "Transferencias al IFA en materia de relaciones laborales - " dando de baja de la aplicación recogida en los presupuestos de la comunidad 472.00 22E "Transferencias corrientes a empresas privadas en materia de relaciones laborales , Acciones que generan empleo".

Añadió en su escrito que "El 5 de diciembre de 2001 la encausada Magdalena Álvarez Arza , como Consejera de Economía y Hacienda, aprobó un incremento de 6.355.000.000 de pesetas (38.194.319 euros )de la aplicación presupuestaria 440.00. 22E "Transferencias al IFA en materia de relaciones laborales", como consecuencia de la generación de crédito derivada de los reajustes de determinadas partidas presupuestarias acordadas por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2001.

Consideraba además que junto con Manuel Chaves y otros cargos de la Junta, "con conocimientos de los incumplimientos ya descritos y conciencia de las consecuencias que derivaban necesariamente del uso de las transferencias de financiación como mecanismo de allegar fondos al IFA para abonar lo que ordene la Consejería de Empleo en materia de las denominadas ayudas", Magdalena Álvarez fue responsable de lo que ocurrió después.

En definitiva , aunque los responsables de la Consejería de Empleo eran los autores del anteproyecto de presupuesto la Consejería de Economía y Hacienda "lo consiente" y elabora el anteproyecto de presupuesto que recogía las ayudas irregulares y los encausados Manuel Chaves González, Gaspar Zarrías Arévalo, José Antonio Viera Chacón y ella misma, como miembros del Consejo de Gobierno lo aprobaban con conocimiento de los incumplimientos de su utilización.

El juez instructor Álvaro Martín en su auto re mayo de 2016 se refiere expresamente a Magdalena Álvarez, como es natural y dice que "como responsable de la Consejería de Hacienda, instauró el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones".

Añade que "para instaurar el procedimiento propuso, como Consejera de Hacienda, y aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L… y los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2002 a 2004, pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA.

La señora Álvarez, añade, "asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía…".

Recuérdese además que el Tribunal Supremo, en auto del juez Alberto Jorge Barreiro, vio indicios de delito en la gestión en los ERE que hizo la Junta de Andalucía. Tras siete meses de investigación, Barreiro concluyó que Chaves y su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, pudieron prevaricar al permitir que durante una década se dieran ayudas a empresas mediante un sistema "claramente ilegal". Magdalena Álvarez no podía ser mencionada en estos autos porque en aquel momento no pera persona aforada. Sólo lo fueron Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.