La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana se reactiva en el Congreso de los Diputados. Así lo ha acordado este martes la Mesa de la Cámara Baja, que ha decidido no continuar aprobando, como venía haciendo semana tras semana desde hace varios meses, la extensión extraordinaria del plazo para la presentación de enmiendas a las iniciativas de la oposición que trata de cambiar algunos artículos de esta ley.
Hasta ahora esto venía siendo así porque Partido Popular y Ciudadanos lo habían acordado, lo que ha bloqueado cualquier posible modificación tanto de esta norma como de otras, como la reforma del Código Penal para la derogación de la prisión permanente revisable, dos iniciativas relativas al colectivo LGTBi o la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. Ahora el partido de Albert Rivera ha cambiado de opinión para reactivar los posibles cambios.
La Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en marzo de 2015 gracias a la mayoría absoluta que el PP tenía en el Congreso y fue la legislación estrella que esa legislatura salió del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. La intención del Gobierno era modernizar la legislación que había hasta ese momento y que había sido aprobada en el año 1992. Renovaba así la denominada "Ley Corcuera" o "Ley de la patada en la puerta".
Entre las cuestiones más llamativas que regula esta ley se encuentra, por ejemplo, la regulación por primera vez de los cacheos que las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden hacer a los ciudadanos en la vía pública, indicando que jamás se pueden hacer por cuestiones raciales y sancionando con fuerza a aquellos que se nieguen a hacerlo, además de que sólo se pueden realizar por agentes del mismo sexo y con el objetivo de prevenir o esclarecer un delito.
Legislaba también, por primera vez, el hecho de que una persona perturbe el desarrollo de una concentración o manifestación; además de que durante el desarrollo de la misma obstaculizase la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad. Al tiempo, también sanciona las protestas frente a las sedes de instituciones (Congreso, Parlamentos regionales…) cuando se está produciendo una sesión en su interior.
En esta línea, considera infracción también por primera vez el uso de imágenes o datos personales de miembros de las Fuerzas de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes; o las faltas de respeto o desconsideraciones que se realicen durante manifestaciones o concentraciones, cuando los agentes están en el cumplimiento de sus funciones siempre que no se alcance el nivel de delito.
Estas cuestiones hicieron que la oposición de izquierdas denominase a esta norma como "Ley Mordaza", porque consideraban que estas cuestiones tenían como objetivo tratar de impedir las manifestaciones que contra el Gobierno tuvieron lugar mes sí y mes también en los primeros años de Gobierno Rajoy a causa de los recortes aprobados para impedir la quiebra de España. Llegaron a realizar continuas representaciones circenses para mostrar su rechazo a la misma.
Censuraban asimismo lo que consideraban un exceso en la cuantía económica que para las infracciones cometidas incluía la Ley de Seguridad Ciudadana y que eran de 100-600 euros para infracciones leves, de 601-30.000 euros para infracciones graves y de 30.001-600.000 euros para las infracciones graves. En los dos últimos tipos se creaba una división entre grado mínimo, grado medio y máximo para elegir dentro de la horquilla de sanción.
Esta ley también regula, por ejemplo, la disolución de concentraciones o manifestaciones, el comercio de la prostitución (permitiendo que se multe a los contratantes de estos servicios), el uso de punteros laser para deslumbrar a conductores o pilotos, la entrada y registro en domicilios, el uso público de uniformes o réplicas de los mismos, las cundas del tráfico de drogas, la custodia de documentos oficiales, la violación de precintos policiales, o la creación de un registro de infractores de la Ley de Seguridad Ciudadana para comprobar la reincidencia, entre otros temas.