Será la tercera entrega de Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional. Quien fuera Mayor de los Mossos en los meses culmen del proceso separatista regresa ante la juez Carmen Lamela. Le imputa otro delito de sedición –a falta de la configuración penal definitiva– puesto que su participación no se limitó a las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona, sino que habría dado cobertura al plan elaborado por la Generalidad en coordinación con las entidades cívicas que desembocaría en la ruptura de Cataluña.
La Fiscalía ha recopilado en un informe los indicios contra Trapero, que ocupa desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución un puesto administrativo. Recoge 17 llamadas al entonces presidente de la ANC, el investigado en prisión incondicional Jordi Sànchez, durante el asedio a la Consejería de Economía, "con lo que es claro que las condiciones que este impuso a la comisión judicial –pretendían el bloqueo del registro y los arrestos ordenados– fueron aceptadas por el Mayor".
Trapero está citado este viernes 23 de febrero a las 9H en el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público le preguntará también por lo que considera su necesaria intervención para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía entiende que supervisó la vigilancia por parte de agentes de paisano y con vehículos camuflados de los dispositivos de la policía en las horas previas a la apertura de los colegios electorales. Habría trabajado en connivencia con los responsables de las mesas, no procediendo a la incautación de urnas hasta que terminó el recuento, aunque los Mossos se apuntaron el cierre de 99 locales en la memoria de actuación que presentaron después de la jornada.
Los Mossos habrían mediado para que no se produjeran intervenciones policiales. Además, habrían informado de los lugares donde estaban medios de comunicación y observadores internacionales para que grabasen los momentos de tensión. Un "plan preconcebido" que contó con el apoyo del exdirector general de la Policía autonómica de Cataluña Pere Soler y la coordinación de Josep Lluís Trapero como experto profesional en materia de seguridad. También con el visto bueno de César Puig, el secretario general de Interior del que la Fiscalía pide la imputación.
Los famosos papeles que la Policía Nacional evitó en octubre que agentes de los Mossos quemaran en la incineradora de San Adrián de Besós (Barcelona) proveen otra prueba. Existen documentos donde se informaba al cuerpo autonómico de las movilizaciones en los colegios electorales el 1-O. Para el Ministerio Público, existía una intención preconcebida de desobediencia del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a los Mossos el bloqueo del referéndum ilegal. Hubo órdenes a los agentes para que manipulasen las actas del 1 de octubre.