La gestión de la Junta de Andalucía sobre los fondos públicos y, en general, sobre los servicios públicos está en cuestión de manera creciente. Algunas prácticas han terminado en los tribunales. Otras están pendientes de seguir tal camino y otras, sencillamente, confirman que hay miles de millones gastados de los que no se tiene justificación alguna. La propia Junta lo confirma.
Lo certifica en la cuenta general de 2016, que fue consultada por ABC. Según ella, hay 2.324,26 millones de euros pendientes de justificar y ya ha caducado, a veces con mucho, el plazo legal para hacerlo.
Los dineros sin justificar se arrastran desde 1987 hasta el 31 de diciembre de 2016, esto es, casi 30 años. Casi siempre están referidos a subvenciones. El dinero público se anticipa a quienes las solicitaron, pero los beneficiarios presentaron las facturas para acreditar el gasto realizado sin que fueran obligados a devolver el dinero.
En otros casos, fue la propia Junta la que concedió dineros sin control relacionados con el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuya finalidad era ayudar al desarrollo económico de las regiones deprimidas de la Unión Europea.
Desde 1987 a 2016, la consejería de Empleo tenía casi mil millones de euros sin justificar en plazo legal. La de Economía y Conocimiento, más de 400, como la de Educación y luego, las consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio, de Igualdad y Políticas sociales y otras suman gastos sin justificar por importe de 2.018 euros. Hasta el total de 2.324,26 millones hay que sumar el dinero no justificado por los organismos de la "administración paralela", agencias, empresas públicas y organismos varios.
El problema principal de los gastos no justificados radica en los cursos de formación. De los 987,28 millones que están sin justificar en la Consejería de Empleo, 710 millones se refieren a pagos realizados desde 2007 a 2014 correspondientes a subvenciones para la formación para el empleo.
Recuérdese que, en abril de 2014, la jueza Alaya acusó a la Junta de Andalucía de dar casi mil millones de euros en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011 que seguían sin justificar en octubre de 2013.
En julio de 2014, el entonces director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, declaró ante la Guardia Civil que "muchas de las acciones subvencionadas no pueden ser subvencionables por considerar que no cumplen con los requisitos del Fondo Social Europeo".
Cañavate, relevado por Susana Díaz meses después de haber sido nombrado, advirtió al juzgado que las convocatorias de ayudas para desempleados de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 "no están bien hechas" y que ello podría conllevar la devolución de los fondos a la UE.