El proceso suma su sexto fugado con la pelota en el tejado del Tribunal Supremo. La situación provocada por Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica se reproduce con Anna Gabriel como protagonista. Según fuentes jurídicas, cuando el juez Pablo Llarena compruebe que la representante de la CUP no acude a la citación de este miércoles activará, como mínimo, la orden de arresto a nivel nacional. La solicitud a nivel europeo y extracomunitario –que podría establecer límites para el enjuiciamiento en caso de una hipotética entrega– parece más complicada.
Llarena seguirá previsiblemente el guion que ha elegido para el resto de los huidos. Esperaría hasta la conclusión de la causa, cuya instrucción está en la recta final. Una vez arme el auto de procesamiento, que recopila todos los indicios que imputa a los investigados, reclamará a Suiza y a Bélgica la entrega de los fugados. España estará pendiente de las decisiones de la Justicia de ambos países, que pueden acotar las entregas a un juicio por delitos limitados o hacerla sin constricciones.
La dirigente de la CUP Anna Gabriel ha dicho que está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición, y que su intención es instalarse en el país helvético para reanudar su carrera académica, ya que fue profesora de Derecho en Barcelona.
"Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí", dijo en una entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS.
"Y si no puedo porque hay una solicitud de extradición, solicitaré el asilo político", añadió la exdiputada catalana.
Censée passer devant la justice espagnole mercredi, l'indépendantiste catalane Anna Gabriel confirme à la RTS qu'elle a choisi de rester en Suisse. https://t.co/O2zz4XKecA pic.twitter.com/SSHxHJNToq
— RTSinfo (@RTSinfo) 20 de febrero de 2018
Bélgica es país miembro de la UE y funcional la llamada euroorden que facilita las entregas. No es el caso de Suiza, donde el instrumento para recuperar a un fugado es la extradición desarrollada en el tratado bilateral suscrito entre los dos estados. Éste se concede si por lo menos una de las infracciones imputadas está sancionada tanto en Suiza como en el extranjero y da lugar a extradición en las dos legislaciones.
El Código Penal suizo sí tipifica los intentos de "cambiar mediante la violencia la Constitución" o de "separar mediante la violencia parte del territorio". El apartado Crímenes o delitos contra el Estado y la defensa nacional en su artículo 265 prevé penas "de al menos un año" para los que cometan "actos destinados a modificar por la violencia la Constitución o la Constitución de un cantón, derrocar por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o impedir por la violencia que ejerzan su poder; también separar por la violencia una parte del territorio suizo".
"La extradición puede denegarse si el procedimiento en el extranjero es contrario a los principios de la Convención europea de los Derechos Humanos o tiende a perseguir o castigar a la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad", establece la interpretación suiza del tratado bilateral, uno de los más antiguos porque fue firmado en 1884.
Carta de Anna Gabriel
Anna Gabriel ha concedido al periódico suizo Le Temps la exclusiva más sospechada. La exdiputada de la CUP, investigada como parte del comité que habría planificado el proceso separatista, no acudirá a la citación de Pablo Llarena, el juez que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación en el Tribunal Supremo. Permanecerá en Suiza: "No iré a Madrid", titula el diario, "como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que proteger mis derechos. Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado".
La información de Le Temps, uno de los principales periódicos helvéticos, incluye un resumen sobre la investigación contra Gabriel: "La Guardia Civil dibuja el retrato de una activista feroz. Acusa de haber participado en la formación de un consejo de dirección de la rebelión independentista y de haber alentado a la población a la desobediencia". Ella responde: "Siempre he hecho campaña por el referéndum, pero de manera pacífica. La cuestión de Cataluña debe resolverse políticamente, mientras que las autoridades españolas quieren silenciar la independencia con la represión".
La representante de la CUP explica la huida a Suiza porque allí será "más útil" para su movimiento "que detrás de las rejas": "Cuando he visto el destino de algunos de mis colegas, que se encuentran en prisión desde diciembre pasado, me di cuenta de que debía irme. No solo estoy arriesgando yo, todo el gobierno está amenazado".
En la misma línea que Junqueras, compara la situación de Cataluña con Turquía, donde se desarrolla "una caza de brujas con casi 900 personas bajo investigación, entre ellas maestros, policías, políticos e incluso simples votantes". Se presenta como una víctima de "la violencia de los fascistas". Gabriel seguirá asesorada por su abogado en España Benet Salellas y el letrado suizo Olivier Peter, encargado de casos de extradición de colaboradores de ETA como Nekane Txapartegi.
Una "gravísima irresponsabilidad"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado de "gravísima irresponsabilidad" que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se haya marchado a Ginebra (Suiza) este fin de semana y no tenga intención de acudir a declarar este miércoles ante el Tribunal Supremo, donde está citada a declarar como investigada en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista.
Catalá, que ha asistido esta mañana a un desayuno informativo con el alcalde de León, Antonio Silván, organizado por Nueva Economía Fórum, ha afirmado al concluir el acto que la decisión de Gabriel de no presentarse ante el Supremo da a los ciudadanos "un ejemplo profundamente antidemocrático". Además, Catalá ha agregado que se trata de una "gravísima irresponsabilidad" dado que es una responsable pública y, como tal, debe dar "una ejemplaridad adicional".