José Antonio Viera declaró ayer miércoles en el juicio de la pieza principal de los ERE que el procedimiento que idearon en la Junta para dar ayudas a empresas y trabajadores en crisis sociolaborales era una fórmula "ágil y legal" para dar respuesta a los conflictos sociales.
Viera reconoció que, tras los reparos de la Intervención a los procedimientos que se usaban antes de la firma del convenio de 2001 entre su Consejería y el Instituto de Fomento e Andalucía, luego Agencia IDEA, el nuevo procedimiento comenzó a allanar el camino para agilizar las ayudas.
El procesado dijo haberlo firmado porque tenía "apariencia de legalidad", que era "un instrumento que nos permitía esa agilidad" tras haber completado todo el trámite administrativo y recibir el visto bueno en varios departamentos de la Junta.
Confesó que fue él mismo quien pidió a Antonio Fernández, entonces presidente del IFA y luego consejero de Trabajo, que se buscase "una fórmula legal, ágil y rápida" para la concesión de las ayudas. Añadió que no sabe quién "autor" concreto de su elaboración, detallando que fue Fernández quien se lo entregó para su firma tras superar el correspondiente "circuito administrativo".
"Entendía que estaba validado por todos los instrumentos de control", ha insistido Viera, exponiendo que, aunque en la gestión administrativa eran "frecuentes" las "colisiones" o "discrepancias" con la Intervención de la Junta, tales situaciones eran solucionadas y la Intervención "jamás" se dirigió a él "con un informe sobre una situación de ilegalidad".
Aunque destacó el papel de Chaves en los conflictos sociolaborales, quiso dejar claro que no le pormenorizaba las que debía atender, lo que choca con un fax de Presidencia, en época de Chaves, que determinaba asignar ayudas, sí o sí, a la empresa Lorite.
Viera estaba señalado como uno de los posibles paganinis del juicio que se está celebrando porque, además de ser consejero de Empleo, era el hombre clave en la Sierra Norte de Sevilla donde tuvieron lugar un cúmulo de irregularidades y enriquecimientos súbitos de personas afiliadas al Parido Socialista, como fue el caso de José Enrique Rosendo, que lograron la mutación de dinero público en dinero privado pasando de ser concejal a empresario de postín en pocos años.
Viera, que fue asimismo Delegado del Gobierno en Andalucía, diputado andaluz, senador y diputado en las Cortes españolas, tuvo además el cargo de secretario provincial del PSOE de Sevilla, provincia en la que abundaron las irregularidades en el caso de los ERE.
Tráfico de "coincidencias" y olvidos
También admitió Viera que se reunió en una sede del PSOE con el ex director general de Trabajo Juan Márquez para pedirle información sobre dos expedientes de ayudas a una empresa del sector del corcho y un hotel en la Sierra Norte.
Curiosamente, subraya El Mundo, el hotel que recibió la ayuda de los ERE es el mismo en el que, según declaró el ex director general Francisco Javier Guerrero, solía comer Viera cuando iba a esa zona. El exconsejero alegó en la sesión de ayer del juicio que se interesó por estas ayudas "a instancias" del alcalde de Cazalla. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exconsejero.
Tampoco recordaba sus relaciones con la familia Rosendo, padre e hijo, alcalde y concejal respectivamente del Ayuntamiento de El Pedroso a pesar de que una de sus hijas trabajaba en una de las empresas de José Enrique Rosendo. Es más, dijo que era «cero» el grado de conocimiento que tenía sobre los empresarios y exconcejales de El Pedroso (Sevilla), el ya citado Rosendo y José María Sayago, que recibieron 32 millones de euros en ayudas.
Respecto a los olvidos, quince veces, las contó ABC, dijo que no recordaba porque "14 años son muchos años". Le había preguntado el fiscal, por ejemplo, por el aumento del crédito a la fundación Promi. Tampoco recordaba que con cargo a la partida de los ERE se pagó una campaña publicitaria del Servicio Andaluz de Empleo ni que se tuviese una situación de tesorería grave.