Ayer, el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, insistió en que todo lo declarado en las seis comparecencias judiciales anteriores –a lo que hay que sumar sus declaraciones ante la Policía Judicial y las que efectuó por escrito en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz–, lo hizo por presiones mediáticas, policiales y por miedo a la cárcel. Esto es, no ratificó nada de lo dicho.
Conviene recordar que, además de las declaraciones judiciales, Guerrero hizo otras muchas, algunas a los medios de comunicación voluntariamente y sin presiones que se conozcan y una, pública, en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, en la que no sólo no se desdijo de ninguna de las efectuadas hasta esa fecha, 22 de agosto de 2012, sino que se remitió a su contenido para responder a las preguntas de los diputados.
Textualmente dijo: "Tengo que decirles que todas las preguntas que hoy he oído aquí, en esta Comisión, están prácticamente contestadas en lo que fue el interrogatorio que tuve en el Juzgado de Instrucción número 6, creo que prácticamente todas… No tengo ningún acuerdo de silencio con nadie. A mí no me habla nadie de los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía desde que saltó este tema. "
Ayer, como se esperaba, Guerrero dijo que el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se juzga en el caso ERE, "exactamente el mismo que marcaba la Orden ministerial del 5 de abril de 1995", orden emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando José Antonio Griñán era el ministro y la imputada Soledad Córdova, directora general. Fue esta la que señaló este camino legal a las defensas.
Cuando se le preguntó ayer por el marco legal utilizado para distribuir el dinero, Guerrero insistió en que fue tal orden ministerial, dejando al lado el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo regida entonces por José Antonio Viera y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), regido entonces por el luego consejero de Empleo, Antonio Fernández.
Tras afirmar que lo tenían todo controlado, Guerrero aludió a una reunión de 2005 celebrada en la Consejería de Hacienda a la que asistieron él mismo y el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez, la exviceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa.
La reunión se produjo tras conocerse el informe de la Intervención General elaborado en 2005 en relación con el ejercicio 2003 de la agencia IFA/IDEA. Pero la conclusión fue que "se siguiera con el procedimiento –de concesión de ayudas– tal y como se estaba llevando a cabo, nos levantamos y nos fuimos". "No le pareció mal a nadie", insistió dejando ver que el Interventor aceptó la decisión.
Recoge Europa Press que Guerrero añadió: "Cuando uno está en una estructura y un superior mandata una función, lo lógico es o le haces caso o te vas a tu casa", y recordó que en la administración "la misión política no se puede olvidar nunca". Asimismo, aseguró que "siempre actuaba dentro de la legalidad", pues "no entendía que una administración le dé a un gestor un sistema no legal para llevar a cabo su trabajo".
La declaración de Guerrero en el juicio por el 'procedimiento específico' que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla continúa este miércoles y ya se sabe que no le seguirá la declaración del ex consejero Antonio Fernández, que dice estar afectado de una afonía aguda por lo que su declaración de ha pospuesto hasta el próximo día 5 de marzo.
El secretario judicial se niega a leer parte de lo ordenado
Se produjo ayer una circunstancia anómala durante el desarrollo de la sesión del juicio cuando el secretario del Tribunal, Rafael Castro, letrado de la Administración de Justicia, se negó a seguir leyendo partes de los documentos judiciales que consideraba claramente innecesarios. En concreto, dijo que no era preciso leer las preguntas formuladas a Guerrero y que no fueron contestadas por él.
Se encuentra inscrita esta actitud del funcionario en la reivindicación general del papel de los secretarios judiciales, pero asimismo responde a la incoherencia de la planificación del Tribunal que conduce a una considerable pérdida de tiempo y energías.
Cuando Castro estaba leyendo el acta de la declaración de Guerrero ante Alaya por orden del Tribunal se negó, en público, a continuar con las preguntas que el ex director general no respondió acogiéndose en su día a su derecho a no declarar.
"No soy una máquina. Tengo derecho a parar y beber agua", dijo Castro, que deslizó un criterio técnico contrario al del Tribunal expresando que tales preguntas contestadas por Guerrero no tenían nada que ver con la declaración de Guerrero, pues "no está dando fe de nada".
El propio secretario del tribunal solicitó la presencia de una auxiliar para sustituirlo en la lectura después de que el tribunal señalara que la lectura debía ser completa.