Santiago Vidal reconoció meses antes del referéndum ilegal del 1-O que el Gobierno de Cataluña había obtenido los datos fiscales de los ciudadanos de forma ilegal. Unas declaraciones que sirvieron para que VOX presentara una querella criminal y el Juzgado de instrucción nº13 de Barcelona abriera diligencias por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y revelación de secretos, entre otros presuntos. El jurista y exsenador de Esquerra Republicana ha comparecido este martes como investigado junto con el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, considerados cerebros del llamado proceso separatista.
Y Vidal ha restado importancia a sus propias palabras. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha sostenido que esa versión "no se corresponde con la realidad". Fue suspendido como juez porque participó en un borrador de la Constitución para una eventual Cataluña independiente. En los actos de presentación, explicó además que la Generalidad disponía de una partida millonaria "oculta" en los presupuestos para la organización del referéndum. El imputado asegura ahora que se trataban de "planteamientos de trabajo", "hipótesis" y "necesidades de futuro".
Para las acusaciones, esta declaración corrobora su participación en el proceso y Vidal debería someterse a juicio por estos hechos. Entienden que el jurista poseía información y conocimiento de la denominada hoja de ruta como senador de ERC y asesor del separatismo, también porque mantuvo encuentros con la ANC y Ómnium.
Ha comparecido en segundo turno Carles Viver Pi-Sunyer. Quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, entregado después a la causa separatista, ha admitido su desempeño como "asesor" del Gobierno de Cataluña, acotando su función a la redacción de "propuestas técnicas". El magistrado, padre del Estatuto de Autonomía tumbado por sus antiguos colegas, colaboró en las llamadas leyes de desconexión que conformarían las estructuras paralelas de Estado: "Todo cuanto le preguntaban Puigdemont o los consejeros catalanes recibía una respuesta en términos jurídicos".
La Generalidad fichó en 2004 a Carles Viver para que dirigiera el Instituto de Estudios Autonómicos. Presidió después el consejo Asesor para la Transición Nacional del Gobierno catalán anulado por el Constitucional. Ha corroborado que el organismo que dirigía estaba adscrito al departamento de Justicia.