El mismo día en que en el caso ERE resonaba el "donde dije digo digo Diego" del ex director general Francisco Javier Guerrero, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada consideró terminada la instrucción de cuatro años del llamado caso Serrallo procesando al que fuera ex delegado del gobierno del PP en Andalucía y alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), por siete delitos, y a nueve de sus ediles.
Es de reseñar que seis de ellos ejercen todavía como concejales en el Ayuntamiento de Granada, aunque el PSOE granadino ya ha anunciado que pide públicamente su dimisión y así se lo ha exigido al presidente del PP granadino, Sebastián Pérez.
Los concejales procesados que integran actualmente el grupo municipal del PP son Juan García Montero, María Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. A ellos se suman los ya exediles Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.
José Torres Hurtado ha sido durante años mano derecha del PP de Javier Arenas en la provincia de Granada y cuando el PP llegó al gobierno de España en 1996, fue nombrado delegado del gobierno en Andalucía, siendo hombre de confianza absoluta del PP nacional en Andalucía. Posteriormente, fue presidente del PP de Granada y en 2003 candidato a la alcaldía de Granada, puesto que consiguió por mayoría absoluta.
La investigación del caso provocó una grave crisis en el PP de Granada que se dividió en dos, obteniendo la victoria en el enfrentamiento Sebastián Pérez, antiguo amigo y colaborador de José Torres, que decidió alinearse con la nueva dirección del PP andaluz, encabezada por Juan Manuel Moreno.
En el caso Serrallo se han encontrado, presuntamente, delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias a raíz de la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.
En el auto de procedimiento abreviado, del que da cuenta Europa Press, la juez procesa a un total de 17 personas por este caso, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
El origen de este caso se encuentra en la adjudicación en 2006, por parte del Ayuntamiento de Granada a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza, de una concesión administrativa en los Espacios Libres SG-11 para hacer un parque de atracciones infantil.
La jueza sostiene que al amparo de esta concesión "han sido introducidos usos y aprovechamientos prohibidos en el Plan General de Ordenación Urbana para este tipo de suelos", catalogados como zona verde. Concretamente, se ha permitido construir una sala de fiestas con discoteca y un pabellón cubierto de pista de patinaje con bar cafetería. Lo que, presuntamente, contraviene lo establecido en la normativa urbanística.
Sostiene la jueza que el entonces alcalde de Granada, que ha sido procesado por siete delitos, "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada y participaba activamente en la toma de decisiones" a pesar de tener delegadas las funciones en materia urbanística. De este modo, la magistrada afirma que tenía "conocimiento absoluto" "de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo" y "existen indicios de su participación en ella".
En cuanto a la cantidad a la que pudiera ascender la indemnización a terceros de buena fe, precisa que en el Ayuntamiento se está tramitando procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por una cuantía básica de 415.000 euros.