Luis Bárcenas también conoció el sistema que utilizó el Partido Popular de Valencia para la financiación ilegal de las campañas electorales autonómicas y municipales. El exgerente de la formación ha comparecido como testigo propuesto por la Fiscalía en esta pieza separada del caso Gürtel. Ha certificado en alrededor de una hora la confesión del exsecretario general del grupo Ricardo Costa. Mantuvieron una reunión donde ‘Ricky’ le contó que Víctor Campos –vicepresidente de Francisco Camps– le estaba obligando a asignar facturas falsas a cargo de empresas beneficiarias de contratos públicos para que sufragasen los gastos extra de los candidatos, siempre según la versión de Bárcenas: "Le transmití que lo que proponía estaba prohibido".
Meticuloso hasta el límite para desvincularse de cualquier decisión problemática, Bárcenas ha explicado que Génova gestionaba el presupuesto para las elecciones. Remitía la parte proporcional a las sedes provinciales "con la instrucción precisa de que eran los únicos fondos que podían emplear, porque los límites de gasto de las campañas son globales y cualquier añadido podía superar los límites permitidos". El también exsenador se ha presentado como un ejemplo de buena praxis: "Existía un manual de financiación con órdenes para los gerentes y una reunión presencial de los responsables económicos donde se proporcionaba un briefing a cada uno".
De acuerdo con la explicación del testigo a preguntas de la fiscal Myriam Segura, no apoderó a la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez ni a Ricardo Costa para que ampliaran el presupuesto porque era competencia única del entonces tesorero de la formación Álvaro Lapuerta –incapacitado por demencia senil–.
Contra Víctor Campos y Francisco Camps
Bárcenas ha señalado al exvicepresidente Víctor Campos como, desde su "punto de vista, el tesorero de facto del partido en Valencia". Acreditada la estrecha relación con Francisco Camps, se trata de un dardo envenenado contra el expresidente de la Generalidad. Según el exgerente, Costa se negaba a la financiación ilegal a través de empresas "y eso le traía problemas, por eso se contactó con la tesorería nacional". Tal y como ha dicho el testigo, "Lapuerta le aseguró que hablaría con ellos y pondría orden, no tenía que transmitirle esa información a ningún responsable político a nivel nacional porque era responsabilidad directa y única de don Álvaro Lapuerta".
En cuanto al funcionamiento del sistema, nueve empresarios reconocieron pagos en B a Orange Market, la sociedad de Francisco Correa que se encargó de las campañas electorales del PP valenciano. El líder de la trama y su entorno más cercano –Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes– añadieron que el PP les ofreció dinero negro de la corrupción como único método para cobrar y Costa, también como acusado, certificó la financiación ilegal y señaló directamente a Camps, que de momento está citado.
Bárcenas ha recordado que en 2005 "la instrucción de la sede central era que no se podía contratar con las empresas del llamado grupo Correa. En Valencia no se hace una excepción, Valencia siguió trabajando con Orange Market sin autorización y sin conocimiento del Partido Popular central, sino de forma autónoma".
"ADADE y el Partido Socialista Valenciano era lo mismo como sospechábamos".
Acusados por el caso Gürtel
La Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para el Bigotes solicita 27 años de prisión. Han reconocido que Orange Market recibió 3,4 millones de euros en dinero negro del PP valenciano por actos de campaña electoral. El Ministerio Público ponderará esta revelación, que se podría traducir en una rebaja. Ricardo Costa se enfrenta a una petición de siete años y nueve meses de cárcel. En las próximas semanas desfilarán más de 100 testigos por la Audiencia Nacional.
Bárcenas ha regresado a la misma sede que acogió el juicio contra la Época Primera del caso Gürtel, los supuestos pelotazos entre 1999-2005, el periodo en el que las empresas de Correa trabajaron con el PP nacional y varios ayuntamientos. Reconoció que el partido tenía una "contabilidad extracontable" en un procedimiento donde se enfrenta a 39 años y medio de prisión que solicitó el Ministerio Público y que está pendiente de sentencia en primera instancia.