Puigdemont y ERC agudizan el colapso con Artadi en la recámara

El acuerdo entre el grupo parlamentario de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, y ERC puede ser tan inminente como lo era el lunes el informe de los letrados de la cámara sobre los plazos para investir presidente. Los pronunciamientos públicos de los dirigentes de ambas formaciones abundan en el optimismo. Buenas palabras que no esconden, sin embargo, fuertes discrepancias. Al trascendido de que Junts per Catalunya pondera la candidatura de Elsa Artadi, la mano derecha de Puigdemont, replicaba el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, con un desmentido. Daba a entender que si Artadi era la ungida por Puigdemont, Junts per Catalunya se había abstenido de comentarlo con el partido republicano. Ni ese ni ningún otro nombre se ha puesto sobre la mesa, añadía Sabrià.

No es que ERC se oponga a la candidatura de la directora de campaña del expresidente regional. La contrariedad republicana se debía a las formas, a la propensión de Junts per Catalunya a adornar la negociación con declaraciones públicas en forma de globos sonda. Idéntico reproche que lanzó sobre ERC el grupo del expresidente cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó el pleno de investidura. Dijo que había intentado contactar con Puigdemont sin conseguirlo, lo que negaron los junteros.

En un contexto de extrema desconfianza y recelos mutuos, se discute la fórmula para dar una satisfacción a Puigdemont sin colisionar otra vez con el Tribunal Constitucional. Hay acuerdo sobre la reactivación de la asamblea de electos separatistas para dar contenido y cobertura a la presidencia paralela del líder de Junts per Catalunya.

La ley del presidente

El escollo viene dado por las exigencias del expresidente respecto al carácter de su investidura. En ERC no se avienen a participar en una sesión a distancia y objetan serios reparos a modificar la ley del presidente y el gobierno de la Generalidad para crear un a todas luces ilegal "Consejo de la República", que es como quiere llamar Puigdemont a un ejecutivo para teledirigir al gobierno autonómico. ERC admite que el expresidente quiera mantener su estatus, pero no a costa de dinamitar la legislatura y desencadenar otras elecciones. Ofrece "lealtad institucional" y toda clase de reconocimientos simbólicos. La opción de una propuesta de resolución del Parlament que atribuya a Puigdemont el adjetivo "legítimo" es lo más que admite ERC en sede parlamentaria. Algo así como una de tantas declaraciones solemnes sobre la independencia y el derecho de autodeterminación realizadas en la cámara catalana durante los últimos cinco años.

Artadi, perfilada

El gran avance de las negociaciones es que Junts per Catalunya no ha desmentido de manera fulminante el plan B, la candidatura de Artadi. La interesada, modesta, ha dicho que nadie se lo ha propuesto, que se ve de consejera, eso sí, y que Puigdemont no sólo es el candidato de su grupo sino del Parlament.

Los medios nacionalistas ya perfilan a Artadi como la primera presidenta de la Generalidad y subrayan su juventud, 42 años, y su formación económica como discípula del exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y de Xavier Sala-Martín.

Respecto al gobierno concreto de la Generalidad, junteros y republicanos presumen de grandes avances. Será doblemente paritario. Habrá tantos consejeros de un grupo como del otro y tantas mujeres como hombres. ERC aspira a la restauración de la figura del consejero jefe para tener más peso que una vicepresidencia. Puigdemont se niega de plano.

La CUP no entra en estas disquisiciones porque su apoyo es a la investidura, no al gobierno. Con sus cuatro diputados exigen desobediencia, unilateralidad y república, algún gesto o documento con valor parlamentario que ratifique la república. Han pasado del Puigdemont o Puigdemont a aceptar cualquier otro nombre que garantice el enfrentamiento directo.

Maniobras de ERC contra los letrados

El asunto del informe de los letrados del Parlament es otro de los focos del colapso político catalán. No es vinculante, pero Torrent pretende dotar su presidencia de la cámara de un componente legal del que careció por completo el periodo regido por Carme Forcadell. Los servicios jurídicos están compuestos por nueve letrados dirigidos por Antoni Bayona, cuyo informe inicial no fue del gusto de Torrent. Los juristas consideran que el Parlament está en "tiempo muerto" al no haberse votado ninguna investidura, pero Bayona incluyó en el primer dictamen las tres opciones que asisten, dentro de la legalidad, a Torrent si quiere desencallar el comienzo de la legislatura: esperarse a la resolución del Constitucional sobre la candidatura de Puigdemont; descartarla e iniciar una nueva ronda de contactos o desistir y que corra el plazo para repetir las elecciones.

En teoría, el informe se dará a conocer este viernes tras serias discrepancias entre los abogados sobre si eran pertinentes las indicaciones del letrado mayor al presidente de la cámara. ERC quiere eliminar el papel que tuvo el servicio jurídico durante las convulsas sesiones finales de la pasada legislatura, cuando se aprobaron las leyes de desconexión y del referéndum. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, se convirtieron en protagonistas involuntarios al tener que subrayar en medio de los plenos y a petición formal de los grupos de la oposición el carácter ilegal de los actos y resoluciones parlamentarios.

La primera misión de Torrent es la de convertir los servicios jurídicos y administrativos de la cámara catalana en meras extensiones del proyecto separatista para evitar que sean los órganos funcionales de la propia institución del Parlamento de Cataluña quienes documenten las vulneraciones de los derechos de los diputados de la oposición y los trapicheos jurídicos separatistas.