El presidente de ERC y los líderes de la ANC y Ómnium Cultural están reivindicando su libertad a nivel internacional. Por consejo de sus abogados, Oriol Junqueras y los ‘Jordis’ han elevado su situación de prisión incondicional al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Han contratado al abogado británico Ben Emmerson, especialista en derecho internacional y derechos humanos que condujo la defensa de Maria Litvinenko, la mujer del exagente del KGB –Policía secreta de la Unión Soviética– Alexander Litvinenko, muerto el año 2000 después de ser envenenado, y de Moazzam Begg, encarcelado en Guantánamo durante seis meses acusado de terrorismo en la guerra de Siria. Ejerció entre 2012 y 2017 como relator especial de derechos humanos y la lucha contra el terrorismo para la ONU.
Los separatistas imputados en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y malversación consideran que la medida cautelar de prisión incondicional –que acordó Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y ratificó más tarde el magistrado Pablo Llarena– vulnera sus derechos fundamentales. En una rueda de prensa vía Skype desde Londres, Emmerson ha sostenido que la encarcelación contraviene los derechos humanos porque les "impide desarrollar su papel como representantes del pueblo catalán". Ha reivindicado sus derechos a la libertad de asociación y de expresión, el derecho a la opinión política y el derecho a la participación en la vida pública, que "se ven del todo vulnerados".
El Tribunal Supremo ha desestimado hasta ahora las continuas peticiones de libertad provisional. Emmerson ha matizado que su objetivo "nunca será que se decida sobre la independencia de Cataluña". No obstante, espera que el organismo tome medidas que presionen a las autoridades españolas, si bien el veredicto de Naciones Unidas no es vinculante y el Gobierno de un país no tiene por qué atender al mismo.
El abogado británico ha pronunciado un largo discurso a favor de los rupturistas: "España tiene que liberarlos. Marcan un precedente muy peligroso del derecho a la protesta pacífica en todo el mundo". Según su testimonio, esta petición surge para que la ONU "deje muy claro que no se pueden usar argumentos criminales vacíos para frenar la disidencia política".