Susana Díaz, como sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo ha vuelto a hacer. Con la excusa de desbloquear los programas de formación profesional que ella misma paralizó hace cinco años tras el escándalo de los fraudes y la trama descubierta, su Consejería de Empleo ha vuelto a aprobar medidas excepcionales, una de las cuales es la conocidas como "exoneraciones", o "exceptuaciones", que precisa El Mundo.
Estas "exoneraciones" significan en la práctica que las entidades receptoras de los fondos públicos destinados a la formación profesional no tienen como requisito sine qua non haber justificado las anteriores. Es el mismo procedimiento extraordinario, sigue el diario, que estuvo pensado para situaciones de excepción o de especial interés social. Y fue este procedimiento, precisamente, el que dio origen a no pocas modalidades del fraude denunciado.
Recuérdese que, al cierre de 2012, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tenía pendiente de justificar libramientos -desembolso de fondos públicos para adquisiciones patrimoniales, gastos corrientes, pago de nóminas, expropiaciones y, en gran medida, subvenciones que se libra a ciegas con la condición de que, después de gastarse, se acredite- por 882 millones de euros, el 99% de todos los de las agencias públicas y casi un tercio de todos los fondos sin justificar de la Junta de Andalucía.
Al agujero del SAE se sumaban los 156,65 millones de euros que los servicios centrales de la Consejería de Empleo no había justificado ascendiendo el total a 1.039,10 millones, el 42% de todo lo injustificado en el total de la Junta, que superaba con creces los 2.000 millones.
Precisamente, este agujero en los libramientos guardó una relación evidente con la decisión del SAE de exonerar a los beneficiarios de ayudas para cursos de formación de manera continua año tras año desde 2007, según declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate.
Estas exoneraciones las firmaron los sucesivos presidentes del SAE Antonio Fernández y Manuel Recio, siendo ambos consejeros de Empleo, y Antonio Ávila, siendo consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, departamento que gestionó estas competencias hasta el traspaso efectuado a Educación en abril de 2013.
Fueron la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fiscalía las que denunciaron la falta de control de las ayudas y sus justificaciones.
Ahora, la Junta de Andalucía vuelve a las "exceptuaciones" como método legal y válido de reactivar la prestación de cursos de formación y sortear el bloqueo que supone el tener que investigar y examinar los justificantes de los gastos y el uso del dinero público.
En este caso, las exoneraciones se están limitando a las entidades locales y entes instrumentales. 26 ayuntamientos y entes volverán a recibir dinero público para la formación profesional a pesar de no haber justificado la utilización de los anteriores fondos recibidos.
La Junta justifica su decisión insistiendo en que no se permite a los ayuntamientos y entes beneficiados dejar de presentar la justificación del gasto de los fondos percibidos con anterioridad, sino que no se vincula la nueva concesión de fondos a que se haya terminado la inspección de los justificantes presentados.
Además, alude que el Parlamento de Andalucía, gracias a una proposición no de ley que votaron PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero no el PP en 2015, aprobó que se pudiese exceptuar a los ayuntamientos y mancomunidades para que pudiesen recibir las ayudas para desarrollar los planes de formación para el empleo.
Tras el estallido del escándalo del fraude de la formación en 2013 el gobierno andaluz empezó la revisión de los expedientes no prescritos de estas ayudas para comprobar qué gastos estaban justificados y cuáles no. Todavía se siguen revisando 8.505 ayudas concedidas entre 2007 y 2011 por valor de 1.613 millones de euros. El importe del dinero no justificado encontrado en la investigación afecta a 1.750 expedientes y es de 150 millones de euros que deberán reintegrarse a las arcas públicas.