"En su día se acordará". Es la respuesta de Pablo Llarena a la petición de la Fiscalía para que el magistrado del Tribunal Supremo dirija esta causa por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos también contra quien fuera Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y el ex secretario general de Economía y número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové.
El instructor no rechaza la pretensión, aunque considera que no está ante el momento procesal oportuno para la apertura de investigación respecto de los dos cargos mencionados. El Ministerio Público entiende que la imputación es "absolutamente inexcusable" por la participación central de ambos en el llamado proceso separatista. En este sentido, Trapero está encausado en la Audiencia Nacional por la pasividad de la Policía autonómica de Cataluña en la previa y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la Guardia Civil se incautó en el domicilio de Jové de la famosa agenda con nombres y repartos de roles para más 40 personas en la planificación de la ruptura.
Este pronunciamiento está incluido en una providencia en la que el juez Pablo Llarena resuelve varios asuntos relativos al procedimiento. El magistrado tiene aún sobre la mesa las peticiones de libertad provisional que el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, formularon el 11 de enero después de comparecer voluntariamente y renegar de cualquier desafío al ordenamiento jurídico. La Fiscalía y VOX abogan por el mantenimiento de la medida cautelar de prisión incondicional en los tres casos, aunque la decisión corresponde al instructor.
Pablo Llarena ha citado como testigos para el martes 30 de enero al exresponsable de Interior Jordi Jané, la exconsejera de Presidencia y portavoz Neus Monté y a la exconsejera de Enseñanza Meritxell Ruiz. Acudirá un día más tarde en la misma condición Jordi Baiget y Albert Bade.
Más imputados
Llarena amplió el espacio objetivo de la indagación. Además del Gobierno catalán cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución y los ‘Jordis’, el magistrado imputó a seis referentes del golpe al Estado de Derecho perpetrado en los últimos años en Cataluña: la secretaria general de Esquerra y número 2 de Oriol Junqueras Marta Rovira; la presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y la portavoz de los radicales Anna Gabriel; presidente del PDeCat Artur Mas y su coordinadora general Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia AMI, Neus Lloveras i Massana.
El magistrado del Alto Tribunal desplegó en el auto las conclusiones de las diligencias practicadas hasta la fecha. De acuerdo con las indagaciones, sostiene que los hechos se han desarrollado "bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas" que habrían configurado el denominado Comité Estratégico que reunió a presidentes y portavoces de grupos parlamentarios rupturistas del Parlamento de Cataluña disuelto en virtud del artículo 155 –Oriol Junqueras y Carles Puigdemont están ya investigados–, así como los líderes de las formaciones y la presidenta de la asociación de municipios.
Unas sospechas que encuentran fundamento en el documento "Enfocats" con las distintas fases del plan de ruptura y "en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge". Por un lado, Llarena destaca que todos aparecen identificados como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó".
Hace referencia a la agenda Moleskine donde el subordinado de Junqueras en la sección de vicepresidencia económica habría recopilado las directrices pactadas en reuniones y el reparto de roles en el proceso. El juez añade que los nuevos investigados habrían asumido una participación principal y destacada, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término", tal y como adelantaba el atestado elaborado por la Guardia Civil.
El magistrado concluye que para que los investigados puedan ejercitar su derecho de defensa como prevé al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede comunicarles la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que se les instruya de los derechos que les asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.
Comité Estratégico y Comité Ejecutivo
La Guardia Civil sitúa en el Comité Estratégico a Mas, Rovira, Puigdemont, Junqueras y Carme Forcadell; además de los portavoces parlamentarios Lluís Corominas, Anna Gabriel y Mireia Boya; y a los presidentes y vicepresidentes de ACN y Cultural, los ‘Jordis’ y sus responsables inmediatos. También incluye a los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno Carles Viver, Víctor Cullell y Josep Maria Reniu, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos separatistas.
El informe del Instituto Armado localiza a Rovira en las reuniones clave y, sobre Arur Mas, destaca que "durante su gobierno se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía". Se crearon además el llamado Consejo Asesor de Transición Nacional y el libro blanco donde los rupturistas desarrollarían la estrategia para la independencia. Pasaba, entre otros escenarios, por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras del Estado (Mossos, Educación, Agencia Tributaria, Seguridad Social...), así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso las exigidas por la UE.
Rovira y Mas están en un nivel superior que los miembros del Gobierno autonómico cesado salvo el exvicepresidente y el responsable de Interior Joaquin Forn. Compusieron el Comité Ejecutivo los exconsejeros y otros responsables de la Generalidad como el propio Jové y el exsecretario general de Presidencia Joaquin Nin, así como los responsables civil y policial de los Mossos, César Puig y Josep Lluís Trapero, respectivamente. Ambos, junto a su exdirector general Pere Soler, "constituían la cúpula del cuerpo que resultaba imprescindible controlar para "no dar al traste con la celebración del referéndum", objetivo que lograron con su inactividad durante el 1-O.
La siguiente vertiente de la investigación versará sobre los fondos públicos empleados en este proceso. La documentación cerca al exconsejero Jordi Turull en el delito de malversación de fondos públicos por el gasto de medio millón de euros en publicidad para el referéndum ilegal del 1 de octubre. TV3 y Catalunya Radio se habrían lucrado con 278.000 euros por anuncios.