Bronca en Bruselas. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que encargará a los servicios jurídicos de la cámara un informe sobre la negativa del Gobierno a que su reunión con Carles Puigdemont se celebrara en la sede de la delegación de la Generalidad en la capital comunitaria. Según Torrent, que el Ministerio de Exteriores haya prohibido el uso de las instalaciones para el encuentro es "anómalo", "escandaloso" y "vulnera derechos fundamentales".
En esa línea ha insistido también Puigdemont. "El Gobierno deberá explicar muy bien las razones legales que les han llevado a cerrar la delegación de la Generalidad", sostuvo el expresidente regional. Su tesis es que su situación en Bruselas es perfectamente normal porque el juez Pablo Llarena canceló la euroorden de detención. De este modo, el presidente del Parlament y el candidato a al investidura pretendían hacer uso del espacio para la reunión que finalmente han mantenido en la sede de la Alianza Libre Europea, el grupo de partidos nacionalistas.
De cara a los medios, Torrent ha tratado a Puigdemont de presidente y ha llegado a criticar al Gobierno por impedir que "la primera y la segunda autoridad de Cataluña se reúnan con normalidad". El republicano sostiene las mismas tesis y retórica que Puigdemont, finge ignorar que Puigdemont y los exconsejeros fugados fueron cesados en virtud del 155. Es un guiño dialéctico con el que da a entender a la parroquia separatista su fe republicana. En el ámbito práctico, no ha querido informar sobre cómo pretende dar curso a la investidura del candidato de Junts per Catalunya, si bien ha afirmado que su primer objetivo y "lo que conviene al país es que haya un gobierno efectivo para recuperar la institución y eliminar el 155 de nuestro paisaje político".
La "investidura ideal"
Puigdemont sigue encastillado. Admite que la "investidura ideal es la presencial, pero hay otros caminos y no descartamos ninguno". El aspirante ha exigido al Gobierno "que retire todos los elementos que impiden la normalidad realización del pleno" y ha insistido en que "hasta el último momento vamos a intentar que mi investidura sea posible". Según Puigdemont, Torrent comparte su pretensión: "Nos hemos conjurado para seguir siendo fieles a lo que los ciudadanos han votado".
De momento, los servicios jurídicos de la cámara estarán ocupados, pero no en lo relativo a la investidura telemática o delegada, sino en valorar que el Gobierno haya cerrado temporalmente la sede de la Generalidad en Bruselas.
El "embajador" de la administración autonómica, Amadeu Altafaj, fue cesado, pero la delegación, con casi un centenar de funcionarios, permaneció abierta. Allí se habían citado Torrent y Puigdemont y desde allí se había convocado a los medios de comunicación sin avisar a Exteriores, que es de quien depende la sede mientras se mantenga en vigor el artículo 155.