La Fiscalía Anticorrupción, en la fase de las cuestiones previas, preguntó si en el juicio de la pieza política de los ERE, se iban a tratar o no las ayudas concretas percibidas por empresarios y/o trabajadores como consecuencia del procedimiento supuestamente ideado para eliminar controles y legalidades. La inquietud provenía de la decisión de la Audiencia de no permitir más que un juicio, el de la trama política, por prevaricación y malversación para los ex altos cargos.
Ya tiene la respuesta de la sección séptima de la Audiencia. En el juicio que se celebra en Sevilla solo se tratará del procedimiento político, pero de ninguna ayuda concreta. Estas se juzgarán en juicios separados que ya no afectarán a los ex altos cargos a los que se aplicará el criterio de la no duplicidad.
Pero el auto de la Audiencia causa natural perplejidad porque destaca El Mundo se refiere a que el juicio por la trama política que se juzga en Sevilla "quedaría colmado con la acusación por delito de prevaricación". Es más, ataca a la Fiscalía y las acusaciones particulares por desbordar el juicio "al acusar por delito de malversación (a Griñán, Viera y 13 acusados más) por el uso de ese procedimiento" específico en el reparto de cada una de las ayudas.
Es más, la Audiencia ataca a la Fiscalía Anticorrupción porque, subraya El País, su decisión de acusar por malversación continuada en la pieza política es la que ha provocado que todos los políticos de la Consejería de Empleo y de la agencia Idea sean acusados en un solo proceso y hayan sido apartados como imputados en las 270 piezas.
Del auto de la Audiencia parece deducirse el delito de malversación continuada no debería haber tenido cabida en el juicio que se celebra actualmente en Sevilla. Pero al adoptar al tiempo la decisión de que ninguno de los ex altos cargos podrá ser juzgado en ninguno de los 270 juicios restantes, ¿cuándo, según la Audiencia, serían juzgados por malversación? Podría ocurrir que, en ninguno, lo cual esterilizaría en buena parte el proceso.
El juez de apoyo, Álvaro Martín, en su auto de juicio oral, dijo que "el delito continuado de prevaricación se imputa a todos los investigados… a diferencia del delito de malversación que se aplicaba sólo a aquellos que desde 2005 habían tenido responsabilidad concreta en las ayudas. Es más, consideraba que ni Griñán ni otros 15 acusados podían alegar "desconocimiento de la perversión del "procedimiento específico", ni su alcance malversador."
Por ello, consideraba "responsables de este delito continuado de malversación y siempre en un plano indiciario, a José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador y así hasta todos los demás, "por ser éstas las personas destinatarias y receptoras de los informes que se van sucediendo desde el año 2005, de lo que se deriva ese conocimiento que los convierte en corresponsables de la malversación de los fondos públicos vinculados al "procedimiento específico".
Crece la "incertidumbre fea" que intuyó la juez Alaya
Se va concretando cada día más la "incertidumbre fea" que dijo sentir la juez Alaya sobre el destino final del caso ERE tras haber sido troceado contra su criterio y se percibe como una clara posibilidad la posible impunidad de todos los ex altos cargos respecto de la responsabilidad penal por las ayudas irregulares concretas que se derivaron del procedimiento que idearon.
Ninguno de los ex altos cargos –debe deducirse de lo expuesto por la Audiencia Provincial de Sevilla y su sección séptima–, va a ser juzgado en ninguno de los 270 juicios que deberán celebrarse por la recepción de ayudas irregulares desde 2001 a 2010 por un importe final actualizado de 855 millones de euros. Sólo serán juzgados los beneficiarios de las ayudas, lo serán mucho tiempo más tarde y pueden darse sentencias contradictorias.
Se comprende ahora con mayor claridad el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como incluso la propia Junta de Andalucía hayan percibido un riesgo cierto de impunidad de estos ex altos cargos respecto a su responsabilidad en las ayudas concretamente concedidas. De hecho, la propia Junta presentó un recurso al Tribunal Constitucional exponiendo que de haber sabido que sólo iban a ser juzgados en la pieza política no habría pedido el archivo de ésta.
La Audiencia provincial de Sevilla dio pie, con una decisión adoptada sobre el exconsejero de Empleo de la Junta y uno de los más importantes acusados en el caso, Antonio Fernández, a considerar que los ex altos cargo sólo podrían ser juzgados una vez. Es decir, si eran juzgados en la pieza "política" ya no podrían ser juzgados en las demás piezas en las que también están imputados y aún no se ha fijado fecha para juicio oral.
Resulta ciertamente curioso que fuese la Junta la que señalase a la Audiencia de Sevilla como la responsable del riesgo de impunidad por evitar la multiplicidad de juicios y de resaltar que las irregularidades perpetradas en cada una de las ayudas concedidas en una década "no podrán ser perseguidas" a pesar del "enorme quebranto" a las arcas públicas.