El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes ante los juzgados de Plaza Castilla una querella criminal contra la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández de Heredia, por la comisión de los presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación a la gestión realizada para llevar a cabo la compra de Bicimad.
Según señaló en rueda de prensa su portavoz han sido muchos los indicios de irregularidades en el proceso de compra del sistema público de alquiler de bicis, comenzando con que no se realizó ningún estudio económico que justificase el precio pagado, ni se informó previamente al consejo de la EMT de dicha compra, y acabando con un posible falseamiento de un informe que, a día de hoy, aparece firmado por una persona que no ocupaba el cargo en la fecha en la que supuestamente fue realizado.
En este sentido, tal y como se recoge en la querella, hay indicios de haberse hecho con el servicio de Bicimad "a un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo y produciendo un grave daño al patrimonio público". José Luis Martínez Almeida subrayó que el Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros más IVA por una empresa que presentaba pérdidas mensuales de más de 300.000 euros. Así, los querellados habrían actuado "de manera negligente y de forma abusiva al no haber cotejado y avalado la información económica" de la empresa que era propietaria de Bicimad. Este comportamiento, según mantienen los populares en su querella, podría ser constitutivo del delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal y con penas previstas de de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público por un tiempo de seis a 10 años.
Asimismo, en la querella también se recogen una "serie irregularidades" llevadas a cabo por la delegada de Medio Ambiente y por el director gerente de la EMT "que llevan a razonar que se han podido adoptar decisiones y resoluciones en su ámbito de actuación, por su carácter arbitrario e injusto, que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación". En este caso, el artículo 404 del Código Penal impone una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de nueve a 15 años.
El PSOE ayudó a que Bicimad no se investigara
"Pese a los indicios de irregularidades, el gobierno de Carmena no ha querido dar explicaciones a los madrileños; pero ahora, eso sí, tendrá que darlas ante un juez", afirmó Martínez Almeida en rueda de prensa. En este sentido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento recordó que hasta en dos ocasiones "el autoproclamado gobierno de la transparencia evitó, con el apoyo del PSOE, su socio de gobierno, que el asunto de Bicimad pudiera ser investigado".
"En primer lugar, desde el PP solicitamos en octubre de 2016 que se realizase una auditoria que justificase el precio pagado por Bicimad, pero Ahora Madrid y el PSOE lo rechazaron", recordó el portavoz popular. "Después de la compra, y según fueron apareciendo las primeras irregularidades, solicitamos la creación de una comisión de investigación para poner luz en tanta oscuridad. Lamentablemente, otra vez el PSOE actúo de costalero del equipo de Carmena y lo impidió", agregó.
Ahora, además de la judicial, el PP volverá a retomar una vía política para tratar de esclarecer en el Pleno, y ante los madrileños, todos los asuntos relacionados con la compra de Bicimad. Así, para de esta misma semana, tal y como subrayó Martínez Almeida, ya han pedido la comparecencia de Manuela Carmena, "ya que, aunque hasta ahora ha guardado silencio, es un tema que debe explicar la propia alcaldesa". Además, el PP volverá a pedir la creación de una Comisión de Investigación "a la que esperamos que, esta vez sí, se sume el PSOE".