Desde que el pasado mes de septiembre, la ex secretaria general de Empleo, Carmen de Miguel, y la ex directora general de Trabajo, Soledad Córdova –ambas imputadas por la juez Núñez Bolaños por presuntas irregularidades en el ERE de la minería de Huelva–, alegaran que las ayudas concedidas en tal caso por el Ejecutivo central de manera directa y sin concurso público, cumplían con la ley, se sabía que iban a ser destacadas en el juicio de los ERE.
El caso de Soledad Córdova es especial porque era la directora general de Trabajo con el ministro del ramo de entonces, precisamente José Antonio Griñán, cuando se emitió la orden ministerial de 1995 en la que se amparó la concesión de las ayudas. El caso es que Córdova fue mantenida en el cargo por el sucesor de Griñán en el Ministerio, Javier Arenas, del PP, y ello la hace figura importante en este juicio. Carmen de Miguel fue nombrada sólo por el PP.
Cuando fue interrogada por la juez Núñez Bolaños, dado que el fiscal no la preguntó, Córdova expresó que la Junta andaluza tenía "plena competencia" para dar ayudas, si bien debía acogerse a alguna norma vigente para hacerlo. Córdova dijo desconocer la norma a la que se había acogido la Junta de Andalucía.
Este miércoles, en el juicio de los ERE que se sigue en la Audiencia Provincial de Sevilla, en la fase de las cuestiones previas, la defensa del ex director general andaluz de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, ha solicitado los "expedientes previos" a la regulación estatal que sostuvo las ayudas a la prejubilación de mineros de la Faja Pirítica de Huelva.
Según esta defensa, de la comparecencia de Soledad Córdova se desprende una "interpretación completamente distinta" a la que había prevalecido hasta ahora, respecto a este tipo de subvenciones y su regulación.
José Manuel Herrera, abogado del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, ha solicitado que la propia Soledad Córdova comparezca en la vista oral, para que profundice en el "sistema legal" seguido por el Ministerio de Trabajo para las ayudas estatales para las prejubilaciones de mineros de la Faja Pirítica de Huelva y poder averiguar cómo podría incidir o no la orden ministerial de 1995 en las subvenciones concedidas desde la Administración andaluza.
Obviamente, las defensas atacan la instrucción de Mercedes Alaya que consideró que la Junta de Andalucía "desarrolló el sistema propio de ayudas sociolaborales", "sin acogerse al procedimiento de tramitación a través de la Seguridad Social" y con "ausencia del procedimiento legal de subvenciones".
Las defensas han argumentado desde hace tiempo que Alaya desechó aquella Orden Ministerial de 1995 que determinaba las ayudas que podía conceder de forma directa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Según sus argumentos, el traspaso a Andalucía de las funciones y servicios del Estado en materia de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se contempló en el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo prueba que Andalucía tiene plenas competencias para la gestión y abono, con su propio presupuesto, de las ayudas sociolaborales que se discuten en el caso de los ERE.
Ambas ex altos cargos fueron imputadas porque aparecieron intrusos en los expedientes de la Faja Pirítica de Huelva y por haber cometido presuntamente un delito de prevaricación en concurso con otro delito de malversación de caudales públicos, "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones", como se dice textualmente en el informe de la Benemérita.