Ser juez de algún macrocaso de corrupción en Andalucía parece ser una profesión de alto riesgo. Si la juez Alaya tuvo que disponer de escolta durante el desarrollo de su instrucción del caso de corrupción relativo a la UGT, acaba de conocerse que su sucesora en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, fue amenazada de muerte por medio de una carta que se recibió en su juzgado el pasado 4 de enero.
Tras ello, el juez de Instrucción número 2 de Sevilla ha incoado diligencias previas para investigar una carta anónima y manuscrita enviada a la juez Núñez Bolaños, en la que se recogen amenazas de muerte a la magistrada que instruye la macrocausa de los ERE y del fraude de la formación entre otras, ha contado Europa Press. La carta manuscrita fue recibida en el juzgado de Núñez Bolaños el pasado 4 de enero y que contiene amenazas a la juez por su actuación en el caso ERE.
De esta manera, el juez ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar al presunto autor de la misiva, enviada desde Madrid. Es una carta breve, con varias frases que contienen graves amenazas de muerte a la juez María Núñez Bolaños y esas amenazas están relacionadas directamente con su cometido profesional en la instrucción de las macrocausas que se investigan en este juzgado.
Además, el magistrado ha librado un oficio a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental para que los agentes investiguen la carta anónima manuscrita. La Policía tratará de esta forma de localizar posibles huellas que conduzcan hasta el presunto autor del escrito, y también intentará rastrear la carta, de la que se sabe que fue sellada en Madrid.
Hay que tener presente que este es el segundo caso de amenazas a las responsables de la instrucción del macrocaso de los ERE y otros casos de corrupción en Andalucía. En 2013, la juez Mercedes Alaya fue increpada e insultada a su llegada a los juzgados por un grupo de personas que protestaban contra la detención de unos sindicalistas en el marco de una operación de la Guardia Civil vinculada al escándalo de los ERE.
El 10 de octubre de 2013, 300 sindicalistas de CCOO y UGT, entre ellos los secretarios generales de CCOO Sevilla, Alfonso Vidán, y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, se concentraron desde primera hora ante el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla en favor de los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo –ERE– irregulares que investigaba la juez de Sevilla Mercedes Alaya.
Los concentrados gritaron consignas como "Alaya pepera, métete en la lechera" y mostraron su solidaridad con los detenidos, han defendido la "honorabilidad" de los compañeros y el trabajo sindical que han realizado "y que nadie cuestiona". UGT negó que los actos fueran contra la juez Alaya.
Días después, el 16 de octubre, se asignó un servicio de escolta para Mercedes Alaya. Fue el decanato de los jueces sevillanos quien solicitó la adopción de estas medidas de protección debido a la repercusión mediática y política de los casos que investigaba. Inicialmente, se le asignaron dos policías de escolta y sigue manteniendo uno a fecha de hoy.
Es sabido que el Código Penal contempla los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Además de los funcionarios o personal docente y/ sanitario, se especifica en su artículo 550 que "si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses".