Hace un año, el pasado enero de 2017, la juez Alaya tronó contra la injerencia política en los asuntos judiciales. El pasado mes de diciembre dijo sentir una "incertidumbre fea" sobre el juicio de los ERE provocando el escándalo, muy especialmente en las esferas judiciales dependientes de la Junta de Andalucía. Ahora es la propia Junta la que reconoce un riesgo de impunidad de los presuntos responsables del caso en un recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional.
En este recurso, la Junta de Andalucía -que se personó desde el principio como acusación en el caso, actuó como defensa de los ex altos cargos imputados y ha terminado pidiendo el archivo de la pieza política que se está juzgando desde el pasado diciembre- admite que hay riesgo de impunidad en las piezas que la sucesora de la juez Alaya, María Núñez Bolaños, decidió trocear el caso contra el criterio de su antecesora.
Es preciso tener en cuenta que una cosa es la responsabilidad política y administrativa por la concesión de ayudas por más de 741 millones de euros desde 2001 a 2010 y otra la responsabilidad concreta, ya no política, por la concesión determinada de cada ayuda.
La Audiencia provincial de Sevilla dio pie, con una decisión adoptada sobre el exconsejero de Empleo de la Junta y uno de los más importantes acusados en el caso, Antonio Fernández, a considerar que los ex altos cargo sólo podrían ser juzgados una vez. Es decir, si eran juzgados en la pieza "política" ya no podrían ser juzgados en las demás piezas en las que también están imputados y aún no se ha fijado fecha para juicio oral.
Naturalmente, en todos esos casos la Junta de Andalucía no podría reclamar, subraya El Mundo, que da cuenta del recurso de amparo referido, dinero defraudado alguno. Si, además, se tiene en cuenta que el gobierno de Susana Díaz se retiró hace más de un año de su función de acusación particular en la pieza política pidiendo el sobreseimiento, puede comprenderse con claridad cómo la Junta no puede reclamar ni el dinero defraudado ni la pena para los autores.
Ahora, la Junta señala a la Audiencia de Sevilla como la responsable del riesgo de impunidad por evitar la multiplicidad de juicios, pero no menciona siquiera su responsabilidad por haberse retirado de la acusación a pesar de que los dineros presuntamente defraudados eran públicos y pertenecientes a sus arcas.
La Junta, en su ataque a la Audiencia Provincial, dice que de haber sabido que iba a tomar la decisión de no admitir dobles juicios -el de la pieza política y los concretos referidos a las ayudas concretas irregularmente concedida-, tal vez no se hubiera retirado de la acusación. Añade la Junta en su recurso que las irregularidades perpetradas en cada una de las 160 ayudas concedidas en una década "no podrán ser perseguidas" a pesar del "enorme quebranto" a las arcas públicas.
Llega más lejos la Junta. Refleja El Mundo que dice en su recurso que estamos ante una macrocausa penal por una trama presuntamente corrupta, pero es sabido que desde el principio la propia Junta fue la que negó tal trama de corrupción limitando las irregularidades a la esfera administrativa, versión jurídica de la teoría de los "cuatro golfos" de Manuel Chaves.
El propósito de la Junta dice ser que el Tribunal Constitucional corrija la decisión de la Audiencia y que los ex altos cargos puedan ser acusados y juzgados en todas las piezas separadas desgajadas de la causa principal.
El PP ya ha comentado que la pirueta judicial de la Junta no es más que "parte del circo y la impostura de Susana Díaz" en este asunto recordando cómo obstaculizó desde el comienzo la instrucción de la jueza Alaya y ejerciendo como defensa encubierta de los altos cargos socialistas imputados.
Añade el PP que el problema de Susana Díaz aumenta por estarse en año preelectoral y tal vez electoral en el que el caso ERE y su juicio pueden desgastar seriamente al PSOE sin que pueda ejercer judicialmente como acusación en caso de necesidad por haber renunciado a tal función.
El abogado de Griñán pedirá la nulidad de la instrucción
Comenzará la sesión con el tratamiento de las cuestiones previas por las partes tras haberse leído todos los escritos de defensas y acusaciones. Por parte de las acusaciones, se cree tratarán de reintroducir en el caso procedimientos para que se tengan en cuenta las ayudas concretas que afectan a los imputados precisamente por la situación de impunidad en que podrían quedar.
Pero el plato fuerte será la petición de nulidad del abogado José María Mohedano, que representa al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano.
Recuérdese que, tras el apartamiento de la juez Alaya, su sucesora, la juez Núñez Bolaños, con la aprobación del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y el Consejo General de Poder Judicial, entregó la instrucción final de la pieza política juzgada ahora al juez de refuerzo Álvaro Martín, juez que elaboró el auto final que dio paso al procesamiento.
Mohedano expondrá que el juez Álvaro Martín no era el juez predeterminado por la ley recogido en la Constitución Española y que su tarea era meramente servir de auxilio y apoyo a la juez titular.
Es la tesis ya defendida por Mohedano en junio de 2016 ante la Audiencia por lo que no se espera que fructifique ahora. De ser admitida, el juicio tendría que ser suspendido y todas las actuaciones deberían retrotraerse al momento de la asunción de la instrucción por el juez Álvaro Martín.
Otras cuestiones previas serán la aceptación o no de la inclusión del delito de asociación ilícita pedida por el PP, acusación en el caso, y que los acusados declaren después de todos los demás actos de juicio, esto es, después de la declaración de testigos y peritos.