Piden la imputación de colaboradores de Gallardón por la compra “sobrevalorada” de Inassa

Cerco al equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid por la Operación Lezo. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional que investigue a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron en 2001 la compra de la filial sudamericana Inassa. El Ministerio Público reclama las imputaciones de dos hombres de confianza del expresidente autonómico: Pedro Calvo y Juan Bravo. También del entonces director gerente de Canal de Isabel II Arturo Canalda y su equipo: Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera, Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho, casi una veintena de personas.

Solicita también la investigación de directores de sociedades interpuestas en la operación como Gaspar Cienfuegos de Canal Extensia por haber intervenido en "aspectos relevantes" de la compra. Por otro lado, Anticorrupción pide la declaración como testigos de decenas de nombres cercanos a la adquisición.

La trama del Canal de Isabel II está oscureciendo el horizonte de Gallardón. Si la instrucción sigue su cauce previsto, la Fiscalía solicitará la imputación del exministro de Justicia. Maneja indicios de su participación en la compra de la empresa Inassa, la filial sudamericana del Canal que habría provocado un desfalco de millones de euros públicos. Esta operación se produjo mientras Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y la gestión del agua regional estaba dirigida por Ignacio González. El Ministerio Público apoya su solicitud en la grabación de una conversación entre Ignacio González, Eduardo Zaplana y un abogado. El primero reconocía que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares", pese a que la operación se cerró "por 83 millones de euros".

Sobrevaloración y reparto de comisiones

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado un escrito en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional cuyo juez titular Manuel García Castellón instruye la Operación Lezo. Está relacionado con el proceso de adquisición en 2001 de Interamericana Aguas y Servicios INASSA. La operación se refiere a la compra por el Canal de Isabel II del 75% de dicha sociedad colombiana por 73.000.000 dólares, utilizando para ello una sociedad vehículo llamada CANAL EXTENSIA SA, constituida el 5 de diciembre de 2001 por Canal de Isabel II y un socio minoritario que resultó ser la sociedad Técnicas Valencianas del Agua SA TECVASA, adquiriendo cada una de ellas, respectivamente, el 75% y 25% de las acciones.

El movimiento se cerró contraviniendo de plano los acuerdos adoptados. Fue autorizado por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid excediendo el objeto autorizado, al adquirirse, junto con el 75% del capital social de INASSA, el 51% de la sociedad dominicana WATCO SA. Además, desatendiendo la normativa, la compra se efectuó mediante una sociedad interpuesta residenciada en un refugio fiscal: compraron en realidad la totalidad de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América SA, propietaria de las acciones de INASSA y WATCO.

Analizada la normativa aplicable al ente público Canal de Isabel II, la Fiscalía concluye que, entre sus funciones, no se recogía, ni expresa ni tácitamente, la posibilidad de participar en otras sociedades mercantiles, atribuyéndosele tal función de forma expresa mediante Decreto. El resultado de la investigación evidencia "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de esta sociedad colombiana centradas principalmente en la forma en que se planificó y ejecutó, así como en la determinación del precio y restantes condiciones estipuladas en el contrato, existiendo claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa".

La Fiscalía Anticorrupción aprecia además las condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. La cantidad de partícipes, sociedades involucradas y operaciones cruzadas "evidencian la complejidad de esta investigación y la necesidad de impulsarla al encontrarse en una fase muy incipiente sin que, hasta la fecha, se haya analizado la documentación incorporada a las actuaciones tras las entradas, registros y requerimientos practicados en el mes de abril de 2017".