La juez Alaya, hostigada de nuevo por la Junta

La suerte de estas dos juezas está inexorablemente unida por la comparación de sus trayectorias en los grandes casos de corrupción que afectan al PSOE. Mientras la juez Alaya es zarandeada de nuevo por la Junta de Andalucía y sus círculos de influencia por tener una "incertidumbre fea" sobre la sentencia final sobre la pieza política que empezó a juzgarse la semana pasada, la juez Núñez Bolaños, aplaudida por esos mismos círculos, ve cómo un juez de Córdoba aprecia graves delitos en el caso Rafael Velasco, ex número 2 del PSOE, que ella misma archivó en parte recientemente.

Mercedes Alaya, que fue apartada de la instrucción de los casos de los ERE y de la formación tras su apreciación sobre las relaciones de su sucesora, Núñez Bolaños con el PSOE así como sobre su capacitación en Derecho Penal, ha vuelto a ser criticada por cargos afines a la Junta de Andalucía y el PSOE.

En el caso presente, la juez Alaya confesó tener una "incertidumbre fea" acerca del destino del caso de la trama política de los ERE y pareció que señalaba al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, la juez aclaró ayer que no se refirió al juicio de los ERES sino a la falta de apariencia de independencia en relación con el nombramiento de cargos discrecionales, como acontece con la sala de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia.

No era la primera vez que la juez criticaba el funcionamiento de la Justicia en España. En enero de 2017, lamentó, por propia experiencia, las injerencias del poder político en la actividad del poder judicial, lo que supone un ataque contra la división de poderes de los estados democráticos. Advirtió sobre la paulatina y grave pérdida de independencia que padece el gremio judicial y concluyó: «Hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son».

En esta ocasión, su referencia a la presunta conducta incierta de quienes han sido colocados en sus puestos judiciales por la Junta de Andalucía ha desatado una nueva ola de críticas.

Contra su "incertidumbre fea", ha tronado el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que ayer mismo dijo que ""no es bueno ni conveniente" que "una juez se interese u opine sobre la actividad jurisdiccional de otros jueces", pues todos son "independientes", y "así lo están demostrando en el día a día".

Del Río, como otros jueces del TSJA, han insistido en que, en este caso de la pieza política de los ERE, una vez dictada la sentencia, no pasará por el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía sino que irá directamente al Tribunal Supremo, por lo que consideraba precipitada e inadecuada la mención de la juez Alaya. Un "desliz" lo han considerado otros jueces del tribunal.

La duda radicaba en si el caso irá o no al TSJA de haber recursos como se espera en cualquier caso. Así parece indicarlo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero al haber sido aprobada en 2015 antes de la instrucción de la nueva pieza de la "trama política", se entiende que será la sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que disponga de competencias para resolver los recursos y dictar sentencia definitiva.

La actual consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ha manifestado su sorpresa sobre las palabras de Alaya y ha negado que haya incertidumbre en el caso de la trama política de los ERE reiterando que siente un profundo respeto por la administración de justicia".

En el otro extremo del péndulo valorativo, la juez Núñez Bolaños, habitualmente objeto de sospecha por su instrucción del caso de los ERE y de la formación, a los que troceó contra el criterio de su antecesora en el juzgado, ha visto cómo, nuevamente, algunas de sus decisiones no son asumidas por otros jueces. Ahora, parte del caso Rafael Velasco, ex número 2 de José Antonio Griñán en el PSOE, que ella misma archivó en parte por no encontrar indicios de delito, recupera vitalidad judicial.

Y la recupera, cuenta ABC, por causa del juez de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, el juez del caso Bretón, quien ha abierto una investigación contra el ex vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco por el posible desvió de ayudas para cursos de formación a través de la academia Aulacen Cinco S.L., que regentaba su mujer.

Recuérdese que Velasco, cuyo ascenso en el PSOE parecía imparable, tuvo que dimitir al conocerse –se cree que de fuentes próximas al PSOE–, que la Junta de Andalucía había subvencionado cursos de formación para parados en su empresa con un total de 730.000 euros en cuatro años.

Resulta llamativo que Núñez Bolaños acordara archivar, de acuerdo con la Fiscalía, la causa abierta contra Velasco en relación a cuatro ayudas percibidas. De hecho, se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba con respecto a otras nueve ayudas otorgadas por la Delegación Provincial de Empleo.

Pero el juez Rodríguez Lainz abre diligencias por los hechos dado que «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto supuesto/s delito/s de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones".

La juez Bolaños archivó el caso porque las ayudas fueron, en su opinión, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, esto es, no arbitrariamente, y porque cuatro de ellas inferiores a 120.000 euros, tope para considerarlas punibles. Aunque consideró que podría haber fraude, la juez apuntó "la existencia de fraude no es sinónimo de prevaricación y mucho menos de malversación".

Además de otra documentación, el juez requiere al juzgado sevillano de Núñez Bolaños que expida y remita testimonio de sus autos de diligencias previas 966/2014 "en los particulares relativos a la resolución o resoluciones en las que se basaban las imputaciones y declaraciones prestadas por el investigado Rafael Velasco en sede policial o judicial".

Tómese nota, además, de que fue la misma juez Núñez Bolaños la que archivó la pieza política del caso de la formación, homónima de la que se juzga ahora en el caso de los ERE en la Audiencia Provincial de Sevilla. Su antecesora, Mercedes Alaya, vio el mismo procedimiento y la misma trama jerárquica en el caso de la formación que en el de los ERE.