El Gobierno defendiendo una postura y la contraria. La eficacia de la Orden Europea de Detención y Entrega ha descubierto discrepancias internas entre dos pesos pesados del Ejecutivo: el ministro de Justicia Rafael Catalá y el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Ambos llevan prestando desde el miércoles declaraciones públicas contradictorias que han llegado al culmen.
Intervino primero el titular de Justicia. Catalá anunció que plantearía a sus homólogos de la Unión Europea la necesidad de revisar el sistema de la OEDE por su mal funcionamiento. A su juicio, el caso de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros catalanes fugados en Bélgica "demuestra que el sistema creado no es eficaz". Ni 24 horas tardó Méndez de Vigo en, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, corregir a su colega. Dijo que el Gobierno está satisfecho con el funcionamiento del instrumento, haciendo un balance "enormemente positivo" de sus 15 años de vigencia.
El portavoz aseguró que no plantearían la modificación de la OEDE en Europa. Rafael Catalá ha trasladado este viernes, solo un día después, una "reflexión" de cambio a los ministros de Justicia de la Unión para ampliar la lista de 32 delitos graves que permiten la extradición automática del requerido: "La lista la hicimos en 2002, han pasado 15 años. No tenemos una propuesta concreta de nuevos delitos que incorporar, queremos trabajar con los socios europeos", ha sostenido ante los medios en Bruselas.
A su llegada a una reunión de ministros de Justicia de la UE, Catalá ha pedido "no basarse en anécdotas" en alusión al caso de Puigdemont y los exconsejeros huidos. Ninguno de los cinco delitos que les fueron imputados por la Audiencia Nacional -rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia- figuran en dicha lista, lo que llevó a la juez Carmen Lamela a añadir el de corrupción, que sí lo está, a la hora de tramitar las euroódenes.
Sin embargo, la Fiscalía de Bruselas, concluyó tras examinar el expediente que no correspondía entregar a los requeridos por corrupción, aunque sí por cuatro de los cinco delitos imputados: todos menos prevaricación. Si los tribunales belgas hubieran confirmado esta posición -la decisión finalmente no se ha conocido al retirar España la petición-, solo los hubieran entregado si quedara demostrada la doble tipificación de los delitos, es decir, que las conductas fueran perseguibles en el ordenamiento jurídico belga.
El ministro de Justicia ha subrayado que desde España no tiene "ninguna queja" hacia Bélgica: "en los últimos tres años Bélgica ha emitido 212 órdenes de entrega hacia España, que han sido atendidas, salvo en dos casos por cuestiones humanitarias. Del Gobierno belga me consta la lealtad, la colaboración", pero después de "15 años de éxito" para perseguir a criminales y terroristas es necesario actualizarla.