El juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha pedido que se identifique a la persona que ejerció el cargo de director o sus funciones en la Escuela Pere Calders de la localidad de Polinyà entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. Es el primer auto judicial que podría implicar a un director de un centro educativo en la comisión del delito de desobediencia a la autoridad judicial en relación al referéndum ilegal del 1-O.
La directora del colegio es Laia Làzaro, pero según la sectorial de enseñanza de Comisiones Obreras, dicha persona "no puede ser investigada por ningún delito porque la Consejería de Educación revocó las funciones de todos los directores de centros públicos entre el 29 de septiembre y las 07:00 horas del 2 de octubre".
Con esa medida, el departamento que dirigía la exconsejera Clara Ponsatí, ahora en Bélgica con Puigdemont y otros tres exconsejeros, respondía a la petición de "garantías judiciales" para cubrir la responsabilidad de los directores cuyos centros sirvieran como colegios electorales del referéndum separatista.
En una nota emitida por la federación del sindicato, sus responsables aducen que "esta imputación de una trabajadora pública se suma a las denuncias por adoctrinamiento y a las declaraciones que ponen en duda no sólo la profesionalidad de todas y todos los trabajadores de la educación catalana sino también su honorabilidad".
En el comunicado se informa de que el secretario de la federación de Educación de CCOO, Manel Pulido, junto al alcalde de la localidad, el socialista Javier Silva, han acudido al centro para mostrar su apoyo a la directora. La sectorial del sindicato aprovecha también para "denunciar la vulneración del derecho a decidir su propio que la ciudadanía catalana ha manifestado reiteradamente".
Como se recordará, ocho profesores de tres centros de la Seo de Urgel fueron llamados a declarar por las denuncias de varios padres sobre las humillaciones y agresiones sufridas por alumnos hijos de guardias civiles, así como por los comentarios tendenciosos de los profesores en clase sobre el referéndum y la situación política.
Más juzgados
Además de las causas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional (que investiga al major de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a la intendente del mismo cuerpo Teresa Laplana), dos juzgados de Sabadell y el 13 de Barcelona mantiene procedimientos abiertos sobre el 1-O. El juzgado de instrucción número 3 de Sabadell ha citado a declarar a tres mandos de los Mossos a raíz de las declaraciones de varios agentes de la policía autonómica, que han denunciado que fueron enviados a los colegios electorales sin instrucciones ni medios para cumplir el mandato judicial de cerrar los centros y requisar urnas y papeletas.
Nuevo registro
En cuanto al 13 de Barcelona, el magistrado Ramírez Sunyer prosigue con la investigación abierta por unas declaraciones en las que el exmagistrado y exsenador de ERC Santi Vidal aseguraba que la Generalidad disponía de todos los datos, incluidos los fiscales, de los ciudadanos de Cataluña. Las pesquisas propiciaron el registro de la consejería de Economía del 20 de septiembre y la detención de catorce altos cargos.
Este mismo martes, el juez ha ordenado otro registro en la sede del Instituto de Estadística de Cataluña, Idescat, ante la reiterada negativa de los responsables de dicha entidad, dependiente de la consejería de vicepresidencia que ostentaba Oriol Junqueras, a colaborar con la investigación. El juez quiere determinar qué censo utilizó la Generalidad para el referéndum.