El goteo de casos judiciales es incesante, cosecha lógica de lo que el PSOE andaluz ha sembrado a lo largo de muchos años. El último asunto es el del vicepresidente de la Diputación de Hueva y secretario de Organización del PSOE en esa provincia, José Fernández de los Santos, implicado en el cobro irregular de fondos destinados a la formación profesional.
Fernández de los Santos no es un cualquiera. Además de ser vicepresidente de la Diputación onubense, feudo de Mario Jiménez y garantía del poder socialista en la provincia, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la Ejecutiva regional del PSOE andaluz que encabezaba Susana Díaz al principio de su andadura como lideresa regional.
Ya entonces, en 2014, se conoció que Fernández de los Santos podría haberse beneficiado de las subvenciones para la formación profesional otorgadas por la Junta de Andalucía durante su breve paso por la empresa privada y antes de reincorporarse a la política institucional. Las ayudas fueron dirigidas a la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana SL, creación suya.
Ahora, Fernández de los Santos debe responder de las informaciones que le hacen responsable de haber cobrado una partida de 212.000 euros de los cursos de formación que nunca fue justificada. Es más, es el propio gobierno de Susana Díaz el que le reclama, por ahora inútilmente, su reintegro. El PP ha vinculado el caso al protagonizado por el entonces número 2 de José Antonio Griñán en el PSOE, Rafael Velasco, que condujo a su dimisión fulminante.
Hace unos días era juzgado nuevamente el exconsejero de su gobierno, Luciano Alonso, por falsedad continuada en documento público para contratar irregularmente a dos afines al PSOE. El senador Antonio Gutiérrez Limones ha sido imputado por las irregularidades detectadas en la empresa pública de comunicación del ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
Además, están los asuntos vinculados al juicio por dos asuntos relacionados con la empresa de la Junta, Invercaria, y la investigación del contenido de los correos electrónicos de altos cargos en el caso de las minas de Aznalcóllar, en el que Susana Díaz tuvo una participación electoral estelar. Recuérdese, además, que su ex consejero de Justicia fue reprobado en el Parlamento andaluz y que el caso de la formación, como el de UGT, siguen su desarrollo en varios juzgados.
Por no ser excesivo digamos que dentro de ocho días, aunque es probable que se produzcan retrasos debido a la escasez de jueces para atender los asuntos que deben abandonar los miembros del Tribunal, dará comienzo el gran juicio de los ERE, el que se refiere a la estructura política de uno de los casos de corrupción más graves de la reciente historia de España.
El desfile judicial de dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a veinte altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ex consejeros, viceconsejeros y ex directores generales, tendrá un importante coste político a nivel nacional para la máxima dirigente del socialismo andaluz. Si se tiene en cuenta, además, que se prevé un juicio largo, es probable que aún siga vivo cuando tengan que convocarse elecciones andaluzas.
Cupos y privilegios para País Vasco y Cataluña
Susana Díaz ha querido erigirse en la abanderada de una España solidaria con los mismos derechos y deberes para todas las Comunidades Autónomas, a excepción de la vasca, cuyo cupo está contemplado por la Constitución. Por ello, en tal caso, la lideresa andaluza ha hecho hincapié en un nuevo modelo de financiación que mejore, al menos, la situación de algunas comunidades perjudicadas por el modelo Zapatero de 2009.
Incluso ha tratado de utilizar la fecha del 4-D, la rememoración de una manifestación por las libertades democráticas y un estatuto de autonomía para Andalucía de 1977. Pero ha debido sufrir cómo se ha recordado la historia efectiva de aquel día en el que el PSOE no fue precisamente el protagonista, hecho corroborado por haber ignorado tal fecha durante muchos años, privilegiando el 28 de febrero, fecha en que se celebró el famoso referéndum andaluz sobre el Estatuto de Autonomía.
El problema de Susana Díaz es que los frentes se amplían mientras su prestigio nacional decrece. En los últimos días se han abierto dos nuevos frentes. Uno, el abierto por Miguel Iceta, el jefe del socialismo catalán, proponiendo relaciones bilaterales España. Cataluña y una Hacienda propia con desenlace en un cupo similar al vasco y la condonación de una parte significativa de su deuda pública.
Naturalmente, Susana Díaz reaccionó mostrando que la España en la que piensa el PSOE andaluz, con apoyo de Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, expresidentes de la Junta de Andalucía en primera línea, no es la España de Iceta. Su mano derecha parlamentaria, Mario Jiménez, a su vez tocado por asuntos de irregularidades en la Huelva que domina, ya anunció que la quita, si se producía, debería ser para todas las comunidades, especialmente para los que han cumplido, como Andalucía, las exigencias del gobierno central sobre el cumplimiento del déficit.
Su consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dicho hace unos días que los ciudadanos deben pagar a hacienda dependiendo de sus ingresos y sus bienes, y no del territorio en el que vivan.