El secretario general de la consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Aleix Villatoro, ha enviado una carta de despido a 33 personas contratadas en las "embajadas" de la Generalidad que se fundamenta en la aplicación del artículo 155. En la misiva, el alto cargo sostiene haber recibido instrucciones del Ministerio de Exteriores para despedir al personal de las delegaciones.
Las órdenes de Exteriores no son exactamente como sostiene Villatoro. En realidad y en virtud del 155, el ministerio emplazó al alto cargo de la Generalidad a elaborar una propuesta para recolocar a los trabajadores afectados por la suspensión de la actividad "diplomática" en otros organismos de la administración autonómica como el Instituto Ramon Llull (el Cervantes de la Generalidad) o la agencia catalana de Turismo. Villatoro tenía de plazo hasta finales de noviembre para presentar la reorganización y redistribución de los cargos afectados, un tercio del centenar de personas que prestan servicio en el extranjero, pero hizo caso omiso.
Altos cargos nacionalistas
Villatoro no es el único alto cargo del ejecutivo cesado al que el Gobierno ha preferido mantener en sus funciones. Elsa Artadi, jefa de campaña de la candidatura de Puigdemont, sigue como directora general de Coordinación Interdepartamental. También Enric Vendrell, director general de Asuntos Religiosos; Susana Bouis, directora general de la Función Pública y que fue la última delegada del Gobierno en Cataluña nombrada por Aznar; Francesc Esteve, director del Gabinete Jurídico; Joan Aregio, secretario de Empleo; Oriol Amorós, dirigente de ERC y secretario general de "Igualdad, Migraciones y Ciudadanía", Pere Aragonés, también en la dirección de ERC y secretario general de Economía y Ferran Falcó, secretario general de Territorio y Sostenibilidad, entre muchos otros.
La aplicación con toda clase de cautelas por parte del Gobierno del 155 no ha hecho precisamente mella en el centenar largo de cargos de confianza que se mantienen en sus puestos y cuya función es mantener las estructuras creadas por sus jefes, repartidos ahora entre Bruselas y la cárcel.