No sólo no se olvidan, sino que permanecen en la memoria y en cuanto toca, pasan de nuevo a primer plano. Es el caso del rosario de los casos de corrupción que siguen tiznando la posición política del PSOE andaluz y de su presidenta, Susana Díaz, en el marco nacional. Ahora, vuelven a la contienda mediática y política casos como la vertiente política de los ERE, el caso Invercaria, emerge el caso del senador Limones, recientemente imputado, y no cesa el caso de la formación.
Del caso ERE sólo hay que recordar que el mes de diciembre verá cómo se inaugura el macrojuicio que sentará en las sillas ad hoc que prepare la Audiencia Provincial de Sevilla a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a dos decenas de ex altos cargos. Es un juicio que se prevé largo, quizá tanto que siga vivo cuando se convoquen las próximas elecciones andaluzas que deberán serlo a finales de 2018 o principios de 2019.
Y quizás haya que esperar más porque poco más de dos semanas antes de que comience, se está denunciando que el sumario aún no ha llegado a los abogados de las partes. ¿Razón? Falta de medios en la Audiencia sevillana que ha tenido que pedir una "torre duplicadora" de DVD para poder facilitar el material a defensas y acusaciones.
Téngase en cuenta que será el próximo día 13 de diciembre cuando comience el juicio, si bien, naturalmente, para resolver las cuestiones previas. El juicio por la pieza política de los ERE comenzará el día 13 de diciembre con las cuestiones previas en sesiones que se alargarán hasta el día 15 de diciembre. Luego se suspenderán las jornadas hasta el 9 de enero, fecha a partir de la cual comenzarán las declaraciones de los acusados.
El caso Invercaria está casi a punto tras cinco años de instrucción. Recuérdese que Invercaria era una sociedad de capital publica dirigida a servir de apoyo en la forma de capital-riesgo a sociedades andaluzas o empresarios que lo necesitaran. Luego se comprobó que el nivel de arbitrariedad e irregularidad eran, en efecto, de juzgado de guardia. Las grabaciones en las que su entonces presidenta Laura Gómiz dijo que si tuviese algo de ética no trabajaría en Invercaria, resume con claridad las prácticas de la empresa pública.
Dos exconsejeros del gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y José María Martín Delgado, se sentarán en las sillas de los acusados. Además, el exdirectivo del club de fútbol Sevilla y ahora presidente del Cádiz FC, Manuel Vizcaíno, continúa una lista de procesados en la que hay empresarios varios y diseñadoras de moda. Se piden hasta seis años de cárcel para los políticos por diferentes delitos. La última pieza se ha cerrado y se está, pues, a la espera de juicio que podría celebrarse también durante 2018.
El caso de la formación sigue su goteo de escándalos sin que se vea un horizonte inmediato de resolución debido a la partición del sumario instruido por la juez Alaya en numerosas piezas que instruyen diferentes juzgados. Aunque no se cierre en 2018, no cabe duda de que seguirá aportando titulares diversos durante el período preelectoral.
Por si fuera poco, ahora le cae encima al gobierno andaluz y al PSOE de Andalucía la imputación del senador Antonio Jiménez Limones, exalcalde de Alcalá de Guadaira y peso pesado del PSOE andaluz que se atrevió a presentarse a unas primarias contra la lideresa Susana Díaz en Sevilla.
Imputado en firme en el caso de entidad Alcalá Comunicación Municipal, el Tribunal Supremo ha confirmado la instrucción del juez instructor que ha llegado incluso a calificar de "saqueo" las actuaciones irregulares que esquilmaron los dineros públicos municipales. Consecuentemente, los indicios de criminalidad observados condujeron a la investigación del senador y exalcalde.
Sirva como indicio suficiente la declaración de un contable de la entidad que confesó en una grabación que eran frecuentes "la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes, entre ellas gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta –y exalcaldesa del municipio– Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".
Si se une a todo esto, viajes privados del senador socialista y familia pagados con dinero público, con advertencia de la Intervención Municipal de la necesidad de inspeccionar la contabilidad de la entidad cuestionada, tenemos un cuadro pendiente de valoración pero difícilmente justificable.