Junqueras y los exconsejeros 'aceptan' el 155 para salir de prisión

Empujó al abismo de la declaración de independencia a Carles Puigdemont y su Gobierno cesado, que habían cogido la suficiente carrerilla. No alcanza ni el mes en la cárcel y Oriol Junqueras ha metido la marcha atrás. Quien fuera vicepresidente de la Generalidad y sigue siendo presidente de Esquerra ha remitido al Tribunal Supremo una solicitud de libertad provisional. Al más puro estilo Carme Forcadell y demás integrantes separatistas de la Mesa del Parlamento, los exconsejeros de ERC reproducen la estrategia que derivó en prisión eludible con el pago de fianzas: el acatamiento del artículo 155 de la CE y la promesa de someterse a "las vías del diálogo y la negociación".

Conseguido el traslado de la causa contra los no aforados por los delitos de rebelión, sedición y malversación al Supremo, Junqueras y sus subordinados se alinean en la posición que sirvió a los que disfrutan de fueros para que el magistrado Pablo Llarena los dejara en libertad. Aunque no renuncian a sus convicciones políticas, también Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa sostienen que "aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "trabajarán por las vías estrictamente pacíficas y democráticas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro de Cataluña".

Aunque concurrirán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, los exconsejeros subrayan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva". En caso de que "en el futuro" retomaran algún cargo público, puntualizan, "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación". Los dirigentes de ERC dicen que su proyecto político "se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva" de la Constitución Española.

Consideran que "el 155 no permite en ningún caso cesar a los miembros del Gobierno, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlamento, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos".

Los exconsejeros del PDeCat Jordi Turull y Josep Rull también han reclamado la libertad provisional y solicitan al Supremo que anule la fianza conjunta de 6,2 millones impuesta por la juez Lamela. Por medio de su abogado Jordi Pina, han pedido al magistrado Pablo Llarena que practique nuevos interrogatorios. Insisten en la ausencia de riesgos de fuga y destrucción de pruebas. Ha hecho lo propio el líder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez.

Tanto los exdirigentes políticos como los ‘Jordis’ permanecen en prisión preventiva por decisión de la juez Carmen Lamela después de una ronda de interrogatorios donde únicamente contestaron a las preguntas de sus letrados. Argumentarán ante Llarena que no existe el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción de pruebas en los que la instructora de la AN se basó para encarcelarlos.

Los investigados –que concurren a las elecciones del 21 de diciembre excepto en los casos de Meritxell Borràs y Jordi Cuixart– aducirán que estar en prisión mientras se desarrolla la campaña electoral supone una vulneración de su derecho a la participación política. Los abogados piensan demostrarlo con una copia del Boletín Oficial del Estado que publicaba el sábado las candidaturas de Esquerra y Juntos por Cataluña –liderada por el expresidente Puigdemont–, en las que concurren los investigados.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará el lunes sobre los recursos de apelación de Junqueras y los exconsejeros catalanes contra el auto de prisión de la juez Lamela. La misma Sala ya acordó, el pasado 8 de noviembre, mantener en prisión preventiva a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.