El tabú roto por Ciudadanos la semana pasada, presentando una enmienda a la totalidad contra la Ley del cupo vasco, no será flor de un día.
El partido naranja llevará su oposición al cálculo de lo que el País Vasco debe aportar al resto de España a los parlamentos autonómicos en los que tiene representación (todos menos el de Vitoria, además de los de Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Canarias) y también al Senado, donde presentará la misma enmienda defendida el pasado jueves por Albert Rivera en un enconado debate con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Iniciativas, todas ellas, sin viso alguno de prosperar, pero que servirán a los centristas para mantener viva la llama de un debate que ya ha provocado las primeras grietas en las filas del PP y del PSOE.
Un debate que "le duele" al PP
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva donde se ha tomado la decisión este lunes, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha referido con sorna a los problemas que le puede generar este debate al partido en el Gobierno la denuncia de diferencias en el trato financiero a las distintas autonomías: "Yo comprendo que esa denuncia le duela al PP. Que el PP se vea ante el espejo y la gente le vea como lo que es, como un partido que, en vez de luchar por la igualdad de todos los españoles, está otorgando privilegios a una comunidad autónoma por su pasteleo con los nacionalistas, pasteleo, por cierto en el que también ha entrado de cabeza Pedro Sánchez y el PSOE".
Lo cierto es que la acción contra el cupo lleva días siendo coordinada a nivel nacional por Ciudadanos. Sin ir más lejos, el jueves, el mismo día que el Congreso aprobaba el nuevo cálculo, el portavoz naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, interpelaba a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sobre este particular.
La oposición de los de Rivera al cupo tiene una letra pequeña que no debería pasar inadvertida, sobre todo de cara al 21-D. Como el propio líder del partido afirmó en su intervención en el Congreso, el sistema privilegia al País Vasco en detrimento de otras comunidades como Madrid, Valencia, y también Cataluña.