En el caso de los ERE, caso en el que está personada como acusación, sólo ha recuperado 4,6 millones de los 135 cuya devolución reclama. En el caso de la formación, que inexplicablemente considera una patraña del PP, aunque está reclamando dinero obtenido irregularmente, sólo ha conseguido reingresar 11,9 millones de los 149 que ella misma considera un fraude. En total, 16,5 millones retornados de 284 millones no suponen ni el 6 por ciento del total exigido por ella misma.
Si se repara en las cifras globales de ambos fraudes, lo recuperado es una cifra que fue considerada "ridícula" por Teresa Ruiz Sillero, diputada del PP en el Parlamento andaluz, que sostuvo ayer un acerado debate con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza, María Jesús Montero, que atribuyó a la Agencia Tributaria Estatal la responsabilidad del retraso.
En el caso de los ERE, los más de 130 millones que no han sido recuperados todavía después de varios años, explicó la consejera, están en procesos diferentes que impiden el reintegro a las arcas públicas. O siguen en los tribunales o están en manos de la Agencia Tributaria para embargos o tienen problemas de identificación o insolvencia.
La diputada popular, combativa muy especialmente en estos macrocasos de corrupción tanto en el Parlamento como en las Comisiones de Investigación realizadas, subrayó que en el caso de los ERE el dinero recuperado por la Junta sólo es el 0,5 por ciento de los 855 millones de euros que, según el instructor del sumario, había sido defraudado.
Esta es la situación en que se encontrará la recuperación del dinero cuando el próximo mes de diciembre Manuel Chaves, José Antonio Griñán y dos decenas de altos cargos, entre exconsejeros, viceconsejeros y directores generales, se sienten en las sillas –no habrá banquillo como ya se ha hecho en juicios anteriores–, del juicio por el caso llamado "pieza política" del caso de los ERE.
El macrocaso de la formación encierra contradicciones de la Junta de Andalucía por cuanto, aunque repite una y otra vez que el caso es una patraña del PP, ella misma está reclamando 149 millones a diferentes empresarios, asociaciones y particulares por haber empleado irregularmente el dinero.
También en este caso, según la consejera, los 137 millones que aún quedan por recuperar están en situaciones diferentes. Unos están pendientes de ejecución del cobro y otros aún están pendientes de resoluciones judiciales.
Es más, la consejera, cuenta El Mundo, ironizó sobre la presunta "connivencia" entre la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria que rige el señor Montoro, que, dijo, es la que se encarga, como es sabido, de recaudar finalmente el dinero defraudado. La Junta, apostilló, no tiene competencias sobre la Agencia Tributaria estatal-
La diputada Ruiz Sillero le respondió que es el PSOE quien no tiene interés alguno en recuperar el dinero, un dinero que se perderá porque, entre otras cosas, el PSOE vota en contra de las propuestas que pretenden recuperarlo. Su objetivo es, poner estos fraudes en "vía muerta" y tratar de que los andaluces olviden estos gigantescos fraudes de la historia de España.
Una historia interminable
Desde que el exconsejero Manuel Recio, hoy formalmente imputado, declarase que haría todo lo posible para lograr que el dinero defraudado volviera a las arcas andaluzas, han pasado siete años.
Recuerda ABC que la revisión de oficio de las ayudas en el caso de la partida ilegal 31-L —por la que van ser juzgados 22 ex altos cargos— se inició en febrero de 2011, hace casi 7 años. Se declararon nulas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para empresas en crisis. Pero sólo se han recuperado menos de 5 millones de los 135 reclamados.
En el caso de la formación, que estalló en 2014 que fue aportado en exclusiva por Libertad Digital, los casi cuatro años transcurridos desde la revisión de oficio de 8.505 expedientes de subvenciones a entidades sólo han logrado la devolución de un 8 por de los 149 millones de euros reclamados.
Además, la diputada popular Ruiz Sillero recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en diferentes sentencias, ha evidenciado que la Junta está utilizando una vía equivocada para recuperar el dinero.
La Junta ha exigido el dinero a los presuntos defraudadores y en caso de no conseguirlo, les retiraba las subvenciones. Pero en lo que son ya alrededor de treinta sentencias, el alto tribunal andaluz obliga a la Junta a abonar las subvenciones cuando los gastos han sido justificados.
De este modo, la Junta ha tenido que liberar el dinero de subvenciones pendientes y retenidas al ex consejero Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en el caso. Pero, además, hay otros, como UGT, que han obtenido sentencias favorables.
En el caso de UGT, una sentencia del pasado mes de abril, la ha eximido de devolver más de un millón de euros porque la Junta no está utilizando el «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico». Y esa vía es la "revisión de oficio", la misma que se está empleando para recuperar el dinero de los ERE, y no un reintegro de dinero por cursos ya inspeccionados supuestamente por la administración autonómica.