El juez de Barcelona que investiga el 1-O, "desahuciado" por la presión separatista
El propietario de la vivienda en la Costa Brava alquilada por el magistrado Ramírez Sunyer no le renueva el contrato por las pintadas en su contra.
En la idílica Cataluña del pacífico proceso separatista que venden los dirigentes políticos del golpe de Estado no todo el mundo es bien visto y tratado. Por ejemplo, los jueces y fiscales que investigan causas relativas al referéndum ilegal del pasado 1-O están siendo amenazados y señalados de manera recurrente, al punto de que Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), reconocía esta semana que han aumentado las solicitudes de traslado en la judicatura catalana.
El último episodio es el acoso que sufre el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ordenó el registro de la consejería de Economía y la detención de varios altos cargos de la Generalidad por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Ramírez Sunyer ha recibido toda clase de amenazas, tanto en Barcelona como en su lugar de veraneo, la localidad gerundense del Port de la Selva, según informan El Mundo y El País.
El juez y su esposa tenían alquilado un apartamento en el municipio de la Costa Brava, de poco más de mil habitantes en temporada baja, hasta hace unos días, cuando el propietario decidió rescindir el contrato tras la aparición de las pintadas "Fora j. 13" y "M S j. 13 fora de Port" en la fachada de la vivienda y paredes cercanas.
Fuentes judiciales que cita el diario de Prisa afirman que el magistrado no ha querido denunciar los hechos para no perturbar la instrucción de la causa. Hace unos días acudió al inmueble con su esposa para retirar sus pertenencias y entregar las llaves. El propietario no dio ninguna explicación a tan súbito "desahucio". El juez estaba al corriente de pago y no era precisamente un inquilino molesto. Sin embargo, el señalamiento separatista ha causado el mismo efecto que cuando policías nacionales y guardias civiles fueron echados de hoteles y pensiones por la presión de alcaldes separatistas.
A diferencia de Ramírez Sunyer, quien sí ha denunciado el asalto a su segunda residencia es la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi. Unos desconocidos entraron en su propiedad y destrozaron el sistema de calefacción y el cableado general. No se llevaron nada. Magaldi es la misma fiscal que fue increpada por un separatista a las puertas del edificio del TSJC sin que los mossos hicieran nada para evitar que ese individuo le gritara "¡fascista!" a un palmo de la cara.
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