Julián Sánchez Melgar es una referencia en la magistratura por su contundencia en la lucha contra el terrorismo de ETA. Fue el ponente de la llamada Doctrina Parot, una modificación del cómputo de la pena que impidió adelantamientos en la excarcelación de los pistoleros de la banda. Los días de redención por buena conducta se descontaban en un principio del máximo legal que alguien está en prisión en España, es decir, de 30 años. Esta sentencia del Tribunal Supremo estableció que la rebaja restaba desde el total de la condena que le había impuesto el tribunal que lo juzgó, cientos de años en algunos casos. La doctrina contó en 2012 con el aval del Tribunal Constitucional, aunque fue tumbaba a la postre por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Consejo de Ministros apuesta de nuevo por un magistrado para la Fiscalía General del Estado. Este palentino de 62 años –con casi 35 en la carrera–, de perfil conservador, accedió en el 2000 al Tribunal Supremo promocionado por el Partido Popular. Sánchez Melgar ejercía hasta ahora como magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Aterriza con el visto bueno del presidente de dicha sala segunda Manuel Marchena y del CGPJ Carlos Lesmes.
En su extenso expediente, destaca también la oposición que adoptó respecto de la polémica doctrina Botín. Esta práctica, asentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, denegó a la acusación popular la facultad de sentar en el banquillo a un investigado si no le acusa la Fiscalía o el perjudicado directo. Sánchez Melgar ha actuado desde 2004 como juez suplente en las peticiones del CNI sobre investigaciones con medidas que necesitan autorización judicial obligatoria como intervenciones telefónicas o entradas en domicilios.
Decisivo en el futuro de Cataluña
La Fiscalía General del Estado desempeña desde hace meses un papel crucial en las causas abiertas por el desafío separatista. Con José Manuel Maza a la cabeza, interpuso querellas contra los alcaldes de municipios catalanes que se comprometieron con el referéndum ilegal del 1 de octubre, los líderes de entidades rupturistas, los Mossos, el Gobierno cesado de Carles Puigdemont, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento que permitieron la declaración de independencia. El tratamiento a los investigados durante la fase de instrucción –ocho exconsejeros permanecen en prisión provisional– dependerá en buena medida del punto de vista del Ministerio Público.
Sánchez Melgar ha estado destinado en dos ocasiones en Cataluña. Ejerció como juez de instrucción en Mataró y como magistrado de Audiencia Territorial de Barcelona. No sorprendería que continuara en la línea de Maza, con quien le unía una gran amistad y trabajaba en la coordinación de una revista.
Este magistrado cumple sobradamente con el único requisito establecido para un fiscal general del Estado: la elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Propuesto por el Gobierno, que ostenta competencia exclusiva en esta materia, el candidato en cuestión desgranará las líneas maestras de su proyecto para el Ministerio Público ante el Congreso. Tanto la Cámara Baja como el Consejo General del Poder Judicial emitirán posteriormente un dictamen no vinculante, es decir, no poseen facultades para bloquearlo.